Brasil intenta frenar violencia carcelaria tras 125 muertos

RIO DE JANEIRO (AP) — Las autoridades brasileñas intentan frenar una ola de violencia carcelaria que ha matado a al menos 125 reos en dos semanas, muchos de ellos decapitados y eviscerados.

Tres masacres y varios enfrentamientos más pequeños, todos en estados del norte del país, siguieron un patrón al que las fuerzas de seguridad no han conseguido adelantarse. Se inician con prolongados disturbios en el interior de las prisiones, después la policía militar ingresa a los penales para ayudar a los guardas, que normalmente son superados en número por los reclusos, y las familias angustiadas esperan en el exterior mientras los reos publican imágenes de cuerpos desmembrados en medios sociales.

Los factores que alimentan la violencia entre miembros de pandillas rivales son tan complejos que las autoridades dicen que algunas posibles soluciones podrían exacerbar el problema. Y la posibilidad de que sigan los asesinatos aviva el temor de que la violencia pueda extenderse a las favelas en grandes ciudades como Rio de Janeiro y Sao Paulo.

“Frenar el derramamiento de sangre comienza con que los gobiernos federal y estatal llamen a esto como lo que es: una emergencia pública”, dijo Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarape, un centro de estudios brasileño que se centra en seguridad. “Esto es un problema infernal que lleva cociéndose medio siglo”.

En un primer momento, el presidente del país, Michel Temer, reaccionó con lentitud y tardó tres días en reconocer la primera masacre. Fue ridiculizado por calificarla de “terrible accidente”. Pero desde entonces el gobierno ha anunciado una serie de medidas con el objetivo de frenar la violencia.

Soldados de la guardia nacional están desplegados en los puntos más conflictivos, miles de presos están siendo recolocados en otras prisiones y Temer anunció planes para construir cinco nuevas prisiones. Por otra parte, las autoridades judiciales están examinando vías para acelerar el proceso legal que retiene a miles en los penales durante meses o años mientras se procesan sus casos.

Pero por el momento, nada parece dar resultado. Tras varios días de relativa calma, 26 reos fueron asesinados el sábado por la noche en el interior de dos prisiones contiguas en el estado de Río Grande do Norte. Según las autoridades, miembros del Primer Comando de Sao Paulo, el grupo delictivo más poderoso del país conocido por sus siglas en portugués, PCC, se enfrentó a la banda local Sindicato del Crimen de Río Grande do Norte.

Las autoridades dijeron que la policía militar no entró en las cárceles hasta el domingo de día porque era demasiado peligroso.

“Hay más de 1.000 presos, todos fuera de sus celdas, y algunos de ellos armados”, dijo a reporteros el comandante de la policía militar Wellington Camilo da Silva. “Lo que estamos hacienda ahora es intentar evitar una fuga masiva”.

Cuando los reos regresaron a sus celdas el domingo, la policía halló 26 cadáveres, muchos de ellos decapitados.

La ola de violencia comenzó con la llegada del año nuevo, cuando 56 reclusos fueron asesinados en el estado de Amazonas, también en el norte de Brasil. Las autoridades apuntaron que el grupo Familia del Norte atacó a miembros del Primer Comando por el control de las rutas del narcotráfico en esa zona del país. Las cabezas de muchos de los muertos fueron arrojadas fuera de los muros de la prisión.

El 6 de enero, en el vecino estado de Roraima, 33 fueron ajusticiados y a muchos de ellos les extrajeron el corazón y los intestinos. Las autoridades señalaron que miembros del Primer Comando instigaron la masacre contra los otros presos por motivos que no están del todo claros.

Diez reclusos más fueron asesinados en enfrentamientos más pequeños en penales en Amazonas y Paraiba, en el noreste, durante los primeros días del mes.

El problema de fondo que las autoridades intentan gestionar es el hacinamiento extremo, que agrava las malas condiciones existentes en las cárceles, que incluyen plagas de ratas y de ciempiés venenosos.

Brasil tenía 622.000 presos en 2014 frente a los 233.000 de 2000, según datos del Ministerio de Justicia. En total, las cárceles del país tienen capacidad para acoger a casi la mitad de la población reclusa actual.

Aunque la existencia de nuevas instalaciones podría terminar con la sobrepoblación, su construcción podría demorarse años.

Una opción más realista sería reducir el número de personas que está entre rejas, apuntan expertos. Varios estudios indican que alrededor del 40% de los reclusos del país no tienen condenas en contra y están encarcelados a la espera de juicio. Muchos de ellos sobreviven uniéndose a pandillas, que reclutan a sus miembros ofreciendo protección y apoyo financiero.

La semana pasada, la jueza del Tribunal Supremo Carmen Lucia pidió a las autoridades estatales que realicen un rápido análisis de todos los presos que no han sido sentenciados. La idea no era liberar a gente, sino determinar los casos en los que podría aplicarse arresto domiciliario, señaló.

Sin embargo, cualquier liberación a gran escala podría toparse con una fuerte residencia entre políticos y ciudadanos. “Un buen delincuente es un delincuente muerto” es una frase habitual en un país donde la violencia impregna la vida diaria.

Autoridades penitenciarias han movido a miles de reos en una especie de juego del ratón y el gato que tiene el objetivo de impedir que los líderes de las pandillas ordenen nuevos golpes y proteger a los que podrían ser sus víctimas. Pero esta estrategia también implica riesgos. Los reclusos no asociados a un grupo violento pueden quedar expuestos a peligros las nuevas cárceles, y los más veteranos pueden incorporar nuevas caras.

Muchos expertos apuntan que la forma en que las autoridades trataron a los miembros del Perimer Comando en los penales en la última década está en la base de la situación actual.

“El traslado de líderes del PCC a otros estados hizo que el grupo sea aún más nacional”, explicó Graham Denyer Willis, profesor en la Universidad de Cambridge y autor de “The Consensus Killing” sobre la policía y la violencia del Primer Comando en Sao Paulo. “Esta era una política errónea entonces y sigue siéndolo ahora”.


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