Participación Ciudadana demanda acciones contundentes para desarticular supuesta cadena de sobornos a funcionarios

Odebrecht

“Escándalos internacionales de sobornos a funcionarios públicos evidencian lentitud de la Procuraduría General de la República”, así lo calificó la organización Participación Ciudadana.

Al evaluar las acciones del Estado dominicano sobre los casos de soborno a funcionarios públicos, Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, demanda acciones contundentes frente a la supuesta aceptación de sobornos y sobrevaluación de contratos por la empresa Odebrecht para obtener la adjudicación de obras en la República Dominicana.

“Mientras en Ecuador, Panamá, Colombia y Perú, la acción pública puesta en movimiento por la Fiscalía General, obliga a los empresarios a negociar; por el contrario, la Procuraduría General de la República Dominicana está evaluando las informaciones solicitadas a los entes públicos que han tenido vínculos contractuales con dicha empresa”, se lee en el comunicado.

Desde el 2002, la Constructora Odebrecht inicia trabajos para la ejecución de más de 18 obras de infraestructura (acueductos, carreteras y energía), la cual fue favorecida gracias al pago de más de $92 millones de dólares que distribuían mediante sobornos a funcionarios públicos, pago de comisiones a facilitadores e intermediarios, monto que garantizaba su obtención y retención, cuya inversión era incluida a través del incremento del costo real de las obras, esto según un informe de Estados Unidos.

Nueva vez el nombre de la República Dominicana queda sellado en los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York, divulgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como uno de los 12 países que la empresa Odebrecht influyó en el presupuesto gubernamental, pagó sobornos a partidos políticos, funcionarios públicos, empresarios, facilitadores y representantes, donde se realizaron más de 100 proyectos. Además, la empresa acordó pagar $2,047 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil para compensar los actos ilícitos por lo que se les investiga.

 


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