Las familias querellantes en el caso Calamar no han sido reconocidas como víctimas para la indemnización a la que busca llegar el Ministerio Público con los acuerdos suscritos con siete de los involucrados en el supuesto entramado de corrupción. Así lo denunciaron los abogados de las familias afectadas con las alegadas expropiaciones de terrenos.
El Ministerio Público pidió a la jueza Altagracia Ramírez acoger los criterios de oportunidad con los que desiste de la persecución penal contra los implicados que admitieron su culpabilidad en el entramado de corrupción entre los que se encuentra el testigo principal del caso Calamar, Ramón Emilio Jiménez yacey otros siete involucrados.
Sin embargo, los abogados de algunas familias afectadas con las expropiaciones de terrenos se quejaron de que el órgano persecutor solo busca indemnizar al Estado dominicano sin tomarlos en cuenta como víctimas en la devolución de los más de dos mil 349 millones de pesos que los investigados deberán entregar a las autoridades.
La audiencia, en la que estaba prevista la homologación de los criterios de oportunidad, se aplazó para que el Ministerio Público concluya con la notificación de los acuerdos a algunas de las partes que aseguran, todavía los desconocen.
Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y los demás vinculados que pactaron con las autoridades se comprometieron a cooperar y ahora fungen como testigos del órgano persecutor en el proceso judicial, y deberán devolver los bienes adquiridos para entregarlos en dinero en efectivo e inmuebles.
La audiencia para homologar estos acuerdos fue pospuesta para el 22 de agosto
