Operación Antipulpo: Aplazan para enero el juicio de fondo a acusados
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El País – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 8 de enero el juicio de fondo contra los implicados en el caso Operación Antipulpo. La medida se debió a la ausencia del abogado titular de la barra de la defensa de Alexis Medina, Richard Martínez, quien tiene un problema lumbar y envió una licencia médica al tribunal.
Se recuerda que el Ministerio Público acusó por el caso de corrupción administrativa a Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
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El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
En el transcurso de la audiencia el Ministerio Público leyó la calificación jurídica de las personas físicas acusadas.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario, y utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2014, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Refiere que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada, conjuntamente con sus prestanombres y testaferro, sobornando, falseando datos, haciendo uso de documentos falsos, estafando y dando apariencia de legítima a las apropiaciones monetarias frutos de los crímenes y delitos precedentes señalados, conducta propia del lavado de activos.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, prestanombres y testaferrato.
