Alianzas que transforman: El impacto de las APP y su errónea asociación con la privatización en RD
Redacción.- Privatización es la primera palabra que suele asociarse a las Alianzas Público Privadas (APP), una percepción errónea producto del desconocimiento sobre estas iniciativas que representan una alternativa sostenible y de menor riesgo para satisfacer demandas de infraestructuras y servicios sociales que en los últimos cuatro años han tomado auge en la República Dominicana, yContinue reading “Alianzas que transforman: El impacto de las APP y su errónea asociación con la privatización en RD”
Redacción.- Privatización es la primera palabra que suele asociarse a las Alianzas Público Privadas (APP), una percepción errónea producto del desconocimiento sobre estas iniciativas que representan una alternativa sostenible y de menor riesgo para satisfacer demandas de infraestructuras y servicios sociales que en los últimos cuatro años han tomado auge en la República Dominicana, y que han servido de puente para el desarrollo de varias obras que han impactado de manera positiva a algunas
regiones del país.
Al consultar a la ciudadanía se evidencia la falta de conocimiento. Por ello, la educación y una comunicación efectiva se convierten en prioridades fundamentales y en desafíos claves para la consolidación de esta estrategia, que ha tomado fuerza en el gobierno de Luis Abinader, quien la ha definido como “una herramienta para el desarrollo”.
Así lo estableció con la promulgación en 2020 de la ley 47-20 que regula las APP. Y con importantes proyectos que se han impulsado bajo esta modalidad a lo largo de su primer mandato en áreas claves como el turismo, infraestructura vial, y energía.
De manera textual, esta ley define las APP como “el mecanismo por el cual agentes públicos y privados suscriben voluntariamente un contrato de largo plazo, como consecuencia de un proceso competitivo, para la provisión, gestión u operación de bienes o servicios de interés social en el que existe inversión total o parcial por parte de agentes privados, aportes tangibles o intangibles por parte del sector público, distribución de riesgos entre ambas partes, y la remuneración está asociada al
desempeño conforme a lo establecido en el contrato”.
“Dar a conocer qué y para qué son, informar sobre los procedimientos e implicaciones para las partes es fundamental”, es lo que opinan expertos en la materia, que también consideran que el Estado no puede con tanta inversión por lo que respaldan estas iniciativas como una salida a las brechas que existen en algunas áreas esenciales para el desarrollo de la República.
Solo en los primeros 4 años de Abinader se recibieron 26 iniciativas de Alianzas Público-Privadas de las cuales 21 fueron del sector privado y 5 del sector público. El 90% de estas se presentaron entre 2021 y 2023, pero solo una ha sido adjudicada, según cifras del Portal de Datos Abiertos, consultado para validar esta información, al igual que la Base de Proyectos de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAP), cuyos detalles se presentan a continuación.
Garantizan continuidad y menor riesgo
La falta de continuidad en las políticas públicas ha sido un problema recurrente en el país. Sin embargo, las APP mitigan este riesgo, ya que los contratos garantizan la ejecución a largo plazo.
“Ustedes saben y no es mentira que una de las debilidades más grandes que tenemos como país es la continuidad, el tema de la institucionalidad…O sea, cada vez que tenemos un cambio de gobierno, ciertamente muchas iniciativas se caen o vuelven nuevamente a cero. En el tema de Alianza Público-Privada, eso es uno de los temas que se garantiza en los contratos. Debe de continuar, porque ya es un compromiso que se hace por el tiempo que se establece esa alianza”, dijo al ser entrevistada Alliet
Ortega, vicerrectora de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), quien además tiene amplia experiencia de Estado.
A esto se suma que el riesgo de inversión es menor porque es compartido entre las
dos partes, tal y como establece la ley 47-20 descrita más arriba. “Uno de los aspectos más innovadores de la normativa es su enfoque en la distribución de riesgos entre el sector público y el privado. La normativa establece que los riesgos deben ser asignados a la parte que esté mejor capacitada para gestionarlos, lo que reduciría la probabilidad de sobrecostos y retrasos en los proyectos. Esta distribución de riesgos beneficia tanto al Estado como a los inversionistas. El Estado evita asumir la totalidad de los riesgos financieros y operativos de los proyectos, mientras que los inversionistas tienen la oportunidad de obtener retornos significativos si gestionan los riesgos de manera efectiva. Esta asignación equilibrada de riesgos sería crucial para la sostenibilidad y éxito de los proyectos de APP”, según informaciones publicadas por la DGAPP.
Áreas y regiones impactadas
Infraestructura
Este es el sector más beneficiado por las APP, con 12 de las 26 propuestas recibidas en los últimos cuatro años, según los datos extraídos del Portal de Datos Abiertos.
Entre esos proyectos destacan el Tren Metropolitano de Santo Domingo con una inversión aproximada de 548 millones de dólares el cual se encuentra en proceso de evaluación, el Puerto Arroyo Barril en la región este, en Samaná (este fue el primer contrato APP bajo la ley 47-20) con una inversión de 60 millones de dólares, el cual ya fue adjudicado por un periodo de 33 años. También la Autopista del Ámbar y Autopista Circunvalación Norte de Santiago, con una inversión aproximada de 400 millones de dólares. Este proyecto fue declarado de interés público siendo este su estatus en la actualidad.
Energía
El sector energía es el segundo más impactado, con 4 proyectos, de los cuales 2 están en proceso de evaluación y el resto fueron descartados. El proyecto Gestión Integral de Electricidad: Gestión Integral de las Empresas Distribuidoras de Electricidad es uno de los dos que están siendo evaluados, este abarcaría todo el país y tendría una inversión de 7 mil millones de dólares.
Foto: Fuente ETED
Foto: Fuente ETEDSalud
En salud solo figuran 3, de ellos uno ha sido declarado de interés público, el otro está en proceso de evaluación y el tercero fue rechazado. Este último era la construcción de la Ciudad Sanitaria Los Corales, en San Pedro de Macorís, por un monto de 276 millones de dólares.
Foto Fuente MSP
Foto Fuente MSP
Agua, turismo, seguridad e iniciativas por mandato de ley
Estas son las áreas con menores propuestas de APP, la primera figura con solo un proyecto que contempla la construcción del Acueducto Verón-Punta Cana con una inversión de 322 millones de dólares y que está en proceso de evaluación. Mientras que en el sector turismo destaca El Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo en pedernales bajo el Fideicomiso Pro-Pedernales, el proyecto plantea la construcción de 12,000 habitaciones hoteleras, más de 56 Megavatios (MW) de energía renovable, aeropuerto internacional, puerto de cruceros, acueducto, planta de tratamiento de
aguas residuales, centro comercial, entre otras obras de infraestructura, en un plazo
de 10 años con una inversión de 2,245 millones de dólares.
Foto del Proyecto Cabo Rojo: fuente DGAPP
Foto del Proyecto Cabo Rojo: fuente DGAPPEn seguridad está el proyecto de Pasaportes Electrónicos con una inversión de 22 millones de dólares, este ha sido declarado de interés público. También el de Servicios de Biometrización en la frontera el cual figura en la categoría de “no elegible”. Mientras que por mandato de ley se han sometido solo 3 iniciativas.
Iniciativas rechazadas
En la Base de Proyecto de la DGAPP hay 11 iniciativas que fueron descartadas, entre ellas el Monorriel de Santiago y el Monorriel de Santo Domingo.
Foto Metro de Santo Domingo: fuente OPRET
Foto Las APP representan una alternativa viable para el desarrollo de infraestructuras y servicios en República Dominicana. Sin embargo, aún enfrentan desafíos como la falta de información pública, la transparencia en la adjudicación de contratos y la garantía de beneficios tangibles para la población. Su éxito dependerá de una implementación eficaz y una fiscalización adecuada.
