Exgobernador de Puerto Rico, denuncia violación de privacidad y racismo migratorio
El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, expresó su rechazo a la divulgación de información confidencial sobre inmigrantes indocumentados en la isla, calificando esta acción como una …
El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, expresó su rechazo a la divulgación de información confidencial sobre inmigrantes indocumentados en la isla, calificando esta acción como una violación a la Constitución y una traición a la dignidad humana.
En una entrevista televisiva en exclusiva para el programa matutino El Día por Telesistema , el exgobernador García Padilla cuestionó duramente la reciente acción del gobierno puertorriqueño. Durante su intervención, Padilla se refirió a la facilitación de una lista con los datos de aproximadamente 6,000 personas extranjeras, en su mayoría dominicanas , quienes habían recibido licencias de conducir bajo su administración.
“Si esa entrega fue motivada por incentivos económicos, estamos hablando de una venta de vidas humanas”, advirtió el exmandatario. Aseguró que, en su gestión, se priorizó la protección de los derechos de los inmigrantes, especialmente al garantizarles acceso a servicios básicos sin temor a ser perseguidos.
García Padilla también arremetió contra las políticas migratorias del expresidente estadounidense Donald Trump, a las que calificó de xenófobas. Señaló que dichas medidas afectan de forma directa a la comunidad dominicana en Puerto Rico, particularmente a mujeres embarazadas que han sido detenidas cuando buscan atención médica.
A juicio del exgobernador, estas acciones responden a una agenda que busca satisfacer a sectores extremistas y poco informados en los Estados Unidos. Denunció que incluso personas con estatus migratorio regular han sido arrestadas arbitrariamente y trasladadas fuera del Estado Libre Asociado, siendo abandonadas sin recursos para regresar.
En defensa de su legado, García Padilla recordó que durante su mandato se aprobaron leyes y órdenes ejecutivas que impedían que las autoridades interrogaran a inmigrantes sobre su estatus legal en espacios como hospitales y escuelas. Además, resaltó que se promovió la expedición de licencias de conducir sin importar la nacionalidad, una medida que mejoraba la seguridad vial y ofrecía mayor estabilidad a miles de trabajadores.
Sobre el argumento de que estas políticas conllevaron pérdida de fondos federales, García Padilla negó que el gobierno estadounidense tuviera la potestad de retirar arbitrariamente esos recursos, asegurando que el presidente no puede actuar sin justificación legal.
“El problema no es legal ni financiero, es humano y moral”, concluyó.
