Migrantes deportados a prisión permanecen bajo control de EE.UU; confirma El Salvador a la ONU.
La revelación aparece en documentos judiciales presentados este lunes por abogados de más de 100 migrantes, quienes impugnan su deportación y detención en la controvertida cárcel ubicada en El Salvado…
El gobierno de El Salvador reconoció ante investigadores de las Naciones Unidas que la administración Trump mantiene el control efectivo sobre un grupo de hombres venezolanos deportados desde Estados Unidos y actualmente recluidos en la megaprisión salvadoreña CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), contradiciendo así las declaraciones públicas ofrecidas por funcionarios de ambos países.
La revelación aparece en documentos judiciales presentados este lunes por abogados de más de 100 migrantes, quienes impugnan su deportación y detención en la controvertida cárcel ubicada en El Salvador, conocida por sus condiciones extremas.
El caso forma parte de una serie de desafíos legales contra las políticas migratorias agresivas impulsadas por Donald Trump, incluyendo la reciente aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de la era del siglo XVIII, utilizada para justificar deportaciones rápidas bajo la alegación de vínculos con el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana.
“En este contexto, la jurisdicción y responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, escribieron funcionarios salvadoreños en respuesta a una consulta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, según consta en los documentos judiciales.
El grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) está investigando el destino de los migrantes trasladados en marzo, incluso después de que un juez federal estadounidense ordenara que se suspendieran los vuelos de deportación.
Contradicciones oficiales
Mientras el gobierno de Trump insiste en que ya no tiene control jurisdiccional sobre los migrantes —alegando que se encuentran fuera del alcance de los tribunales estadounidenses y sin acceso a garantías constitucionales—, los documentos revelados por El Salvador parecen indicar lo contrario.
“El Salvador ha confirmado lo que nosotros siempre supimos: es Estados Unidos quien decide el destino de los venezolanos encerrados en el CECOT”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que representa a los migrantes. “Sorprendentemente, el gobierno estadounidense nunca reveló esta información ni a nosotros ni al tribunal”.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, también criticó duramente a la Casa Blanca. “Estos documentos prueban que la administración no ha sido transparente con el tribunal ni con el pueblo estadounidense”, expresó.
Ni el Departamento de Justicia ni la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional ofrecieron comentarios tras ser consultados por medios internacionales.
Un acuerdo polémico y casos en disputa
En marzo, el gobierno de Trump firmó un acuerdo por 6 millones de dólares para que El Salvador albergara a 300 migrantes, lo que desató una ola de críticas y una demanda legal por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes acusan al gobierno de mantener a los migrantes fuera del alcance de la justicia estadounidense, en violación a la Constitución.
El caso más conocido es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente en Maryland que fue enviado por error al CECOT, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado. La administración inicialmente se negó a cumplir con la orden del tribunal, alegando que Ábrego ya no estaba bajo custodia de EE.UU. Finalmente, fue repatriado y actualmente enfrenta cargos por tráfico de personas, mientras el proceso judicial sigue en curso.
El conflicto legal y diplomático en torno a estos migrantes ha generado preocupación entre expertos en derechos humanos, quienes advierten que este tipo de acuerdos pueden sentar un precedente peligroso al permitir que Estados Unidos tercerice la detención de migrantes sin los controles constitucionales adecuados.
