Investigación destapa red de corrupción en el Intrant vinculada al contrato de licencias con Dekolor

Durante años, un entramado de corrupción habría operado desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), amparado en el contrato para la emisión de licencias de conducir firmado con la empresa Dekolor. Así lo revelaron las autoridades de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, tras una auditoría forense que detectó múltiples irregularidades administrativas, financieras y legales.

Según explicaron Carlos Pimentel, director de la DGCP, y Andreinys Guerrero, responsable de investigaciones de la Unidad Antifraude, el contrato fue extendido mediante tres adendas, algunas sin el debido registro en la Contraloría, lo que viola lo establecido en la Ley 10-07 que rige el control interno del Estado.

Una de las revelaciones más alarmantes fue la inclusión de la empresa Pago RD como intermediaria en el cobro del servicio. Esta compañía retenía el dinero generado por la expedición de licencias y luego informaba cuánto debía entregar al Estado, en un esquema descrito como “altamente irregular” y “sin control institucional”.

Presiones, sobornos y vacío legal

Pimentel denunció que todos los exdirectores del Intrant firmaron prórrogas del contrato con Dekolor, excepto Milton Morrison, quien habría sido objeto de chantajes e incluso sobornos. Según relató, Morrison recibió una oferta de un millón de dólares y pagos mensuales de hasta tres millones durante cinco años a cambio de firmar una nueva adenda.

Ante su negativa, el funcionario fue víctima de acoso judicial, y los veedores que participan en el nuevo proceso de licitación también han sido intimidados legalmente.

“Preferimos quedarnos momentáneamente sin licencias antes que firmar un contrato irregular”, afirmó Pimentel.

Auditoría revela descontrol financiero

La auditoría reveló que, en algunos momentos, el Estado dominicano solo recibía el 10 % de los ingresos generados por las licencias, mientras la empresa se quedaba con el resto, sin fiscalización directa del Intrant. “No existía control financiero institucional. Era la empresa la que decidía cuánto se le debía entregar al Estado”, explicó Guerrero.

Además, señaló que el contrato con Dekolor fue descubierto mientras investigaban otro caso: el de los semáforos inteligentes, revelando una conexión entre distintos esquemas irregulares.

El futuro del servicio

Actualmente, el proceso de licitación para un nuevo contrato se encuentra suspendido por una acción judicial en el Tribunal Superior Administrativo, pese a que ya se encuentra cargado en el portal de compras del Estado y listo para recibir ofertas.

Pimentel advirtió que, de no resolverse esta situación, podría haber una interrupción en la renovación de licencias, pero insistió en que el país necesita “un servicio transparente y competitivo”.

La DGCP y la Unidad Antifraude reiteraron su compromiso con el fortalecimiento del control preventivo. Como parte de ese esfuerzo, han instruido la suspensión del registro de más de 150 contratos en lo que concluyen diversas investigaciones en curso.

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