Senado deja sobre la mesa modificaciones a Ley Orgánica que instituye el Código Penal
Durante una Sesión Extraordinaria, el senador Cristóbal Venerado presentó el conjunto de modificaciones que buscan fortalecer el contenido jurídico del Código, adecuar las penas a la realidad actual y…
Santo Domingo, R.D. – El Senado de la República dejó este viernes sobre la mesa el conocimiento de las modificaciones introducidas al proyecto de Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, tras la lectura de 124 cambios que abarcan delitos de alto impacto, protección defortalecer y nuevas sanciones penales.
Durante una Sesión Extraordinaria, el senador Cristóbal Venerado presentó el conjunto de modificaciones que buscan fortalecer el contenido jurídico del Código, adecuar las penas a la realidad actual y ampliar la cobertura legal sobre delitos sensibles como feminicidio, homicidio, violencia intrafamiliar, sicariato, envenenamiento, y delitos transnacionales.
Principales puntos del proyecto modificado:
Seguimiento sociojudicial para agresores sexuales: Se modifica el artículo 73, eliminando el párrafo único sobre “tratamiento hormonal voluntario” y agregando dos numerales que establecen:
Registro obligatorio del agresor sexual ante el Ministerio Público.
Inhabilitación para ocupar cargos o profesiones que impliquen trato directo con menores de edad.
Delitos de lesa humanidad (Artículo 86): Redefinidos como infracciones muy graves cuando se cometen de forma sistemática contra la población civil. Las penas se establecen en 30 a 40 años de prisión mayor, y multas de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público.
Genocidio (Artículo 87): Se amplía su definición incluyendo a grupos por razones de discapacidad. La sanción propuesta es de 30 a 40 años de prisión mayor y multa de 50 a 1,000 salarios mínimos.
Desaparición forzada (Artículo 88): Establece como responsables a agentes del Estado o personas que actúen con su autorización. La pena base será de 20 a 30 años de prisión, con agravantes hasta 40 años y multas más altas si la víctima pertenece a grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, periodistas, diplomáticos o activistas.
