Plan fronterizo: RD apuesta a verja inteligente, biometría y cooperación internacional contra tráfico y bandas
Asegurar que toda cooperación internacional se alinee con los intereses nacionales y el respeto a la soberanía institucional (soberanía cooperativa).
El informe final de la reunión con la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, sobre la crisis haitiana, concluyó que para garantizar un control efectivo en la frontera, frenar el tráfico ilegal de personas y armas y evitar el ingreso de bandas criminales, es necesario arreciar las medidas de seguridad.
El documento establece que el control migratorio debe sustentarse en tecnología de punta, inteligencia especializada y coordinación interinstitucional, con el fin de enfrentar las crecientes amenazas a la seguridad nacional y al orden jurídico.
Para tales fines las partes acordaron:
-Continuar el proyecto de verja perimetral inteligente para el trazado fronterizo RD- Haití, incluyendo Centros de Comando y Control (C4i), torres de observación y escáneres vehiculares.
-Optimizar la plataforma de videovigilancia con herramientas de analítica, biometría, lectura de placas y reconocimiento facial.
-Establecer un sistema de inteligencia fronteriza interoperable con agencias internacionales, como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL), Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), orientado al análisis de patrones, perfil de redes y alertas compartidas.
-Crear una Unidad Especializada contra la trata y tráfico de inmigrantes adscrita a la Dirección de Inteligencia Migratoria, vinculada directamente al Ministerio Público.
-Diseñar un programa de formación continua en inteligencia operativa para personal del Ministerio de Defensa (MIDE), Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Migración (DGM), Policía Nacional y Procuraduría General de la República.
-Instaurar mecanismos seguros de denuncia anónima y protección comunitaria en zonas vulnerables al tráfico de personas.
-Crear unidades jurídicas especializadas en el Ministerio Público y en la DGM para investigar casos de facilitación de tráfico ilegal.
-Modificar la Ley núm. 137-03, sobre tráfico ilícito y trata de personas para adecuarla a los nuevos desafíos, tomando en cuenta el rol de la comisión consultiva creada por el Decreto núm. 268-25, del 21 de mayo de 2025.
-Actualizar el Reglamento núm. 631-11, de Aplicación de la Ley General de Migración núm. 285-04, para incorporar figuras como el alquiler de transporte no registrado, falsificación documental y asistencia logística ilícita.
-Fomentar alianzas con organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), ONUMujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otros para canalizar cooperación técnica, asistencia a víctimas y campañas de prevención.
-Fortalecer la cooperación con organismos multilaterales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión Europea (UE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y Bancо Mundial, en áreas de retorno, gestión fronteriza y lucha contra redes ilícitas.
– Promover la interoperabilidad regional a través de plataformas compartidas de datos y formación especializada en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y Comunidad del Caribe (CARICOM), entidad de la que el país tiene la condición de Estado Observador.
-Asegurar que toda cooperación internacional se alinee con los intereses nacionales y el respeto a la soberanía institucional (soberanía cooperativa).
-Incorporar la gestión de alianzas migratorias en el Plan Estratégico Nacional de Gobernanza Fronteriza, incluyendo intercambio de datos y supervisión jurídica.
En las últimas décadas, la República Dominicana ha experimentado un crecimiento sostenido que ha transformado su economía y su inserción internacional. Paralelamente, el país se ha convertido en el principal receptor de migración haitiana, configurando un fenómeno de gran impacto en la vida económica, social y política nacional. Los delegados en la mesa
coincidieron en que este flujo migratorio presenta múltiples aristas: por un lado, la aportación de mano de obra a sectores productivos estratégicos; por otro, los retos para la gobernanza, la seguridad y la cohesión social.
