¿Comunicación institucional o campaña encubierta? Así se usa el dinero público para la autopromoción
Es frecuente ver notas de prensa, publicaciones en redes o materiales publicitarios donde el rostro del ministro, director o directora ocupa el lugar que debería corresponder al nombre de la instituci…
Por Julissa Martínez
En los últimos tiempos se ha vuelto común observar un fenómeno que, aunque debería alarmarnos, parece ya normalizado: el uso de los recursos del Estado para campañas políticas disfrazadas de comunicación institucional. Funcionarios que, en lugar de promover el trabajo de las instituciones que dirigen, aprovechan cada espacio para promover su imagen personal.
Es frecuente ver notas de prensa, publicaciones en redes o materiales publicitarios donde el rostro del ministro, director o directora ocupa el lugar que debería corresponder al nombre de la institución. En lugar de destacar los logros del equipo o los avances del organismo, se resalta quién “dirige”, quién “entregó”, quién “inauguró”. Así, la gestión pública se convierte en una vitrina personal, y los fondos públicos, en combustible para la autopromoción.
Esta práctica distorsiona el sentido del servicio público. La comunicación institucional no debería ser una herramienta de propaganda política, sino un canal para informar a la ciudadanía sobre cómo se invierten sus impuestos, qué servicios se ofrecen y cuáles son los resultados reales de las políticas públicas. Cuando se sustituye esa función por la promoción de un nombre o un rostro, se cruza la línea ética que separa la gestión del poder de la búsqueda del poder.
El uso de los medios del Estado para hacer proselitismo personal es una forma moderna de corrupción simbólica. No siempre se traduce en un delito, pero sí en una falta de respeto hacia la ciudadanía que paga cada nota, cada diseño, cada publicación que termina siendo un anuncio de campaña.
Urge que como sociedad recuperemos el sentido original de las instituciones: servir al pueblo, no a las ambiciones políticas de quienes las dirigen. Los funcionarios pasan, las instituciones permanecen. Y mientras el dinero público siga usándose para fines privados, la confianza en el Estado seguirá erosionándose.
