Cinco años de la Ley 225-20: el foam sigue en tu café y las fundas plásticas en tu compra
Promesas verdes, realidad gris: el país incumple su propia ley ambiental La Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada en 2020, dio al país un plazo de cinco año…
Promesas verdes, realidad gris: el país incumple su propia ley ambiental
La Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada en 2020, dio al país un plazo de cinco años para decir adiós a las fundas plásticas gratuitas y prohibir por completo el foam (poliestireno expandido) en envases de alimentos y bebidas. Ese plazo venció el 2 de octubre de 2025, pero una simple visita a cualquier supermercado, colmado o cafetería del país revela la cruda realidad: todo sigue igual.
Fundas plásticas en cada caja registradora, vasos de foam en los jugos, bandejas de estireno en los almuerzos, cucharitas desechables por doquier. El país que prometió eliminar estos materiales no biodegradables parece haberse quedado en el punto de partida.
¿Dónde está la fiscalización?
La ley establecía que, pasado el plazo de cinco años, los comercios deberían dejar de entregar fundas plásticas gratuitas y sustituir los envases de foam por materiales biodegradables o compostables. Sin embargo, no existen sanciones visibles, ni campañas de supervisión pública.
A pesar de los esfuerzos iniciales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se han reportado operativos de inspección ni estadísticas sobre el cumplimiento. Tampoco hay evidencia de multas o cierres de negocios por incumplimiento.
Expertos en derecho ambiental y gestión de residuos sostienen que el país atraviesa un vacío de aplicación y voluntad política, donde la norma existe, pero no se ejecuta.
“La Ley 225-20 fue un paso histórico, pero sin fiscalización real ni educación ambiental, se convierte en letra muerta”, opinó un especialista en políticas ambientales consultado.
El doble costo: ambiental y económico
La permanencia del foam y las fundas plásticas tiene consecuencias tangibles. Cada año, miles de toneladas de estos residuos terminan en ríos, cañadas y playas, afectando ecosistemas y aumentando los costos de limpieza municipal.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha advertido que la gestión deficiente de plásticos le cuesta al país más de 200 millones de dólares anuales en saneamiento, turismo y salud pública.
Mientras tanto, el sector industrial y comercial argumenta que la transición hacia materiales biodegradables es costosa y carece de incentivos fiscales o apoyo técnico. Muchos pequeños negocios aseguran que no han recibido orientación ni alternativas viables del Estado.
Una oportunidad perdida… por ahora
La ley también contempla educación ciudadana, reciclaje y responsabilidad compartida entre fabricantes, distribuidores y consumidores. Pero sin campañas sostenidas ni liderazgo institucional, la conciencia ambiental avanza a paso lento.
Cinco años después de su aprobación, la Ley 225-20 enfrenta su mayor prueba: demostrar que las políticas ambientales no son simples declaraciones, sino compromisos medibles.
Y mientras tanto, el foam sigue flotando en los ríos, las fundas plásticas vuelan en los vertederos y el país continúa aplazando su promesa de sostenibilidad.
