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El doctor Antonio Cruz Jiminián, director de la Clínica Cruz Jiminián, explicó las razones que llevaron a la suspensión del convenio con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para la atención de pacientes del régimen subsidiado. Aseguró que la medida no responde a ninguna irregularidad, sino a cambios administrativos y financieros implementados por el seguro estatal. Cruz Jiminián recordó que el acuerdo fue firmado en 2018, bajo la gestión de Mercedes Rodríguez Silver, con el propósito de garantizar servicios médicos a miles de personas de escasos recursos en sectores marginados del Distrito Nacional y zonas aledañas. “Esta clínica está enclavada en el corazón de cientos de barrios marginados, barrios que muchos ni siquiera conocen por nombre. Aquí venían personas de lugares como Ayuca, La Chancleta, La Chivera, El Macu… y no podíamos sobrecargarnos. SeNaSa lo entendió y, de manera humana, decidió hacer un convenio con nosotros”, explicó el galeno. Un contrato que alivió la carga social, pero no los costos El médico detalló que el convenio establecía un pago mensual fijo de 3.7 millones de pesos por parte de SeNaSa, destinado a cubrir los servicios de los pacientes del régimen subsidiado. Sin embargo, el contrato incluía un descuento del 15 %, lo que reducía la capacidad económica de la clínica. “Era de 3.7 millones, pero había que descontar un 15 %. Eso fue desde el primer contrato, y aunque luego pedimos que se eliminara porque nos apretaba demasiado, nunca se logró”, indicó durante una entrevista en el programa El Día. Con el paso del tiempo, la cantidad de pacientes aumentó considerablemente, pero el pago fijo se mantuvo igual. Aun así, la clínica continuó brindando servicios, muchas veces sin recibir el reembolso correspondiente. “Aquí todo el que venía era insolvente. La mayoría no podía pagar nada. Seguimos atendiéndolos porque entendemos que la salud no se niega, pero eso nos llevó a una situación económica crítica”, dijo. Pérdidas millonarias y dificultades operativas El director reveló que el mantenimiento del convenio generó pérdidas de más de cuatro o cinco millones de pesos al año, acumulando un déficit financiero que obligó a recurrir a préstamos bancarios y a la venta de propiedades para sostener la operación del centro. También señaló las dificultades técnicas en los sistemas de registro. “Existen dos sistemas: el nuestro, que es el SAME, y el de ellos, que es el SIR. Este sistema exige que un internamiento sea notificado en menos de 24 horas, lo cual es imposible en muchos casos, sobre todo con pacientes graves. Esa rigidez nos afectaba en los reportes”, explicó. Asimismo, calificó como insostenible la tarifa de 300 pesos por paciente que SeNaSa reconocía por procedimientos costosos como transfusiones, endoscopías, resonancias, hemodiálisis y biopsias. “Un paciente venía aquí con un sangrado que requería seis pintas de sangre, endoscopia y varios días de internamiento, y SeNaSa calculaba eso en 300 pesos. Era imposible mantener ese nivel de atención sin pérdidas”, puntualizó. “Fuimos víctimas, no culpables” El doctor Cruz Jiminián lamentó que algunos interpretaran la suspensión del contrato como una sanción. “Nosotros no tenemos nada que ver con este problema. Al contrario, hemos sido víctimas. SeNaSa pagaba 3.7 millones, pero al final había descuentos que no entendíamos y nunca se ajustaron a la realidad del servicio que brindábamos”, sostuvo. Aclaró además que la clínica continúa ofreciendo servicios al régimen contributivo y mantiene su misión social. “Seguimos trabajando desde muy temprano cada día. Aquí hay más de 300 pacientes ahora mismo, y casi todos son gratis. No vamos a dejar de atender a la gente humilde, aunque ya no tengamos el convenio del régimen subsidiado”, aseguró. Pide diálogo y revisión del sistema El reconocido médico llamó a las autoridades del sector salud a revisar el modelo de contratos con clínicas que atienden a pacientes del régimen subsidiado, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema. “El sistema de salud tiene que ser justo. No puede ser que una clínica privada asuma la carga que le corresponde al Estado. Necesitamos revisar las tarifas y los mecanismos de pago, porque la salud no puede esperar.” Finalmente, reiteró su compromiso con la comunidad: “Nuestra clínica nació para servir. Aunque la situación sea difícil, seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: ayudar al que no tiene.”