“Eso es del Olimpo” la frase que usaban para imponer decisiones en SeNaSa
Operación Cobra: Así funcionaba la red interna que vendía contratos y cobraba sobornos en SeNaSa
El Ministerio Público reveló nuevos detalles sobre la supuesta red de corrupción que operaba dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), encabezada —según la investigación— por el exdirector ejecutivo Santiago Hazim Albainy, quien habría conformado una coalición de funcionarios para manipular procesos internos, beneficiar prestadores y recibir sobornos millonarios.
Creación irregular del Comité de Contrataciones Médicas
Según la investigación encabezada por el Ministerio Publico, a la llegada de Hazim a la dirección de SeNaSa no existía un Comité de Contrataciones Médicas. El documento de la Procuraduría establece que el entonces director creó dicha estructura de manera arbitraria, sin sustento legal, normativo ni procedimental, y con el objetivo de concentrar decisiones de contratación en un reducido círculo de confianza.
El comité, integrado por Francisco Iván Minaya (Gerente de Salud), Roberto Canaán (Gerente de Atención al Usuario), Gustavo Guilamo (Coordinador de Gabinete), Germán Robles (Consultor Jurídico) y Carmen José Velázquez (Gerente de Afiliación), habría funcionado al margen del Comité de Compras establecido por la Ley 340-06, usando la Ley 87-01 para justificar contrataciones sin controles.
Control directo y órdenes inapelables
La investigación señala que Hazim incluía en las reuniones a sus asistentes más cercanas, Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes llegaban con listas de prestadores “preaprobados”, siguiendo órdenes directas del director. Expresiones como “eso es del CEO”, “eso vino respaldado” o “eso es del Olimpo” servían para imponer decisiones sin posibilidad de objeción.
Coalición para beneficiar aliados y cobrar sobornos
El Ministerio Público sostiene que Hazim se coalicionó con los gerentes Minaya, Canaán, Robles y Velázquez para favorecer prestadores vinculados a sus intereses personales, políticos y económicos. Testimonios de personal técnico indican que contratos se aprobaban con argumentos como “aportó en la campaña” o como pago a empresas y personas que entregaban sobornos.
Esta coalición habría operado como un bloque articulado, siguiendo instrucciones directas de Hazim, aprobando prestadores sin la documentación, habilitación o infraestructura necesaria.
Funcionarios clave dentro del esquema
El expediente detalla roles concretos dentro de la estructura:
Germán Robles (Consultor Jurídico): imponía la aprobación de prestadores preferenciales y gestionaba contratos fuera del procedimiento legal.
Francisco Iván Minaya (Gerente de Salud): dirigía el comité creado por Hazim y aprobaba acuerdos a pesar de informes técnicos en contra.
Roberto Canaán (Gerente de Atención al Usuario): habría presionado internamente la habilitación o ampliación de prestadores irregulares.
Carmen José Velázquez (Gerente de Afiliación): firmaba actas y decisiones previamente pactadas con el exdirector.
Según la Procuraduría, estos funcionarios actuaban como ejecutores de un esquema ilegal orientado a obtener beneficios económicos y políticos.
Prestadores favorecidos
Entre los centros y empresas señalados como beneficiados mediante aprobaciones irregulares figuran:
Servicios Médicos del Este, DeLeste SRL, NutriMed SRL, Khersum SRL, FarmaCard SRL, Lufarca SRL, Escuela Centro de Vacunación Infantil SRL, Super Kiddos SRL, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este, VacuMed SRL, Grupo Siulrod SRL y Flavorheart Food Parts SRL, entre otros.
Movimientos financieros previos a su designación
La investigación también detalla que antes de ser nombrado en SeNaSa, Hazim ya habría articulado un plan para beneficiar a personas cercanas a cambio de pagos ilícitos. Entre las pruebas figura la compra de una camioneta Lincoln Navigator 2020, adquirida el 29 de junio de 2020 —antes de su designación oficial— con fondos manejados por su allegado José Pablo Ortiz Giráldez, quien utilizó la cuenta bancaria de su esposa para encubrir el origen del dinero.
Ortiz, según el expediente, también habría servido como intermediario para manejar parte del dinero recibido en sobornos por empresas contratistas de SeNaSa.
Conclusión preliminar del Ministerio Público
La Procuraduría concluye que la estructura creada desde la dirección de SeNaSa permitió aprobar centros sin requisitos, manipular procesos de contratación y recibir pagos ilícitos, mediante una asociación ilícita que operó entre 2020 y 2025.
