Centros privados cobraban por vacunas gratuitas: estafa alcanza más de RD$1,482 millones entre 2021 y 2025
Del total auditado en 2023–2024, SENASA pagó RD$440 millones por supuestas coberturas de vacunación a más de 71 mil afiliados. El 88.69% de estos pagos fue dirigido a Centros Ambulatorios Especializad…
Una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló un esquema de fraude masivo que desvió más de RD$1,482 millones del Seguro Nacional de Salud (SENASA) a través del programa de vacunación nacional entre 2021 y 2025. El entramado criminal, según establece el expediente, manipuló procesos de contratación, infló estadísticas, y facturó vacunas nunca aplicadas, afectando directamente los fondos destinados a la salud preventiva de la población dominicana.
De un sistema público eficiente a una red privada irregular
Hasta 2019, SENASA contaba únicamente con dos prestadores privados para la aplicación de vacunas, priorizando al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), cuyas dosis son entregadas gratuitamente por el Ministerio de Salud Pública y solo generan un pago por concepto de aplicación.
Sin embargo, en 2020, bajo la gestión del entonces director ejecutivo de SENASA, Santiago Hazim, se creó de manera irregular el Comité de Contrataciones Médicas, sin sustento legal, alterando los protocolos establecidos. Con esta estructura se amplió la red de prestadores privados de vacunación de 2 a 20 centros para el año 2025, abriendo la puerta al esquema fraudulento.
Vacunas gratuitas cobradas al Estado
El Ministerio de Salud Pública distribuye gratuitamente las vacunas PAI a 40 direcciones provinciales y 1,400 puestos de vacunación del país, incluyendo algunos privados. Entre 2022 y 2024, estas campañas alcanzaron una cobertura de entre 98% y 100%, entregando más de 12.3 millones de dosis gratuitas.
A pesar de esto, SENASA pagó más de RD$407 millones por vacunas PAI aplicadas por prestadores privados, aun cuando estas debieron ser suministradas sin costo. Se comprobó que varios centros obtenían directamente las vacunas desde el propio Ministerio de Salud Pública.
Crecimiento irregular y facturación inflada
El Informe General de Servicios de Vacunas detalla un crecimiento abrupto en los servicios facturados:
Población usuaria: pasó de 16,768 en 2021 a 63,619 en 2023.
Autorizaciones médicas: aumentaron de 50 millones en 2021 a 279 millones en 2023.
Pagos por vacunas: incrementaron de RD$50 millones en 2021 a RD$465 millones en 2023.
Este comportamiento fue considerado incompatible con la realidad epidemiológica y operativa del sistema.
Auditorías revelan vacunaciones falsas y cobros indebidos
Las auditorías realizadas por SENASA y SISALRIL identificaron múltiples irregularidades entre los centros privados, entre ellas:
Vacunas no pertinentes según edad, como la aplicación de DPT en mayores de 7 años, con sobrecosto de RD$2,500 por cada autorización.
Facturación desagregada de vacunas pentavalentes, generando un sobreprecio de RD$1,700 por autorización.
Cobros por vacunas no aplicadas, demostrado mediante tarjetas de vacunación y testimonios.
Reclamaciones sin firmas de afiliados ni detalles sobre el tipo de vacuna administrada.
Administración de vacunas sin cobertura, como Gardasil en afiliados del plan básico.
Servicios no realizados vinculados a tarjetas compartidas entre usuarios.
La supervisión detectó además que el 13% de los pagos no coincidía con las autorizaciones emitidas.
Centros beneficiados y concentración de pagos
Del total auditado en 2023–2024, SENASA pagó RD$440 millones por supuestas coberturas de vacunación a más de 71 mil afiliados. El 88.69% de estos pagos fue dirigido a Centros Ambulatorios Especializados.
Entre los prestadores que concentraron el mayor volumen de dinero destacan:
Escudea Centro de Vacunación Infantil: RD$310,795,277 (79.6%)
Inmunizaciones San Cristóbal (INMUSAN): RD$32,632,606 (8.36%)
Kids Lab Center: RD$14,534,706 (3.74%)
Solo estos tres absorbieron el 91% del total pagado a este tipo de prestadores.
Falta de controles y daño a la salud pública
Las autoridades concluyeron que la ausencia de controles institucionales en SENASA permitió el pago de sumas millonarias por vacunas no aplicadas, cobros indebidos y servicios contrarios a los criterios técnicos establecidos. La estafa no solo afectó el patrimonio público, sino que también vulneró un programa vital para la protección sanitaria de la población más vulnerable.
