El Ministerio Público informó que durante el conocimiento de la medida de coerción por presunta corrupción administrativa contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy no fue acreditada ante el juez, por ningún médico forense, la supuesta condición de salud que alega el imputado para evadir la prisión preventiva, medida que, según el órgano acusador, se corresponde con la gravedad y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
“El imputado y su defensa recurren ahora al tema de salud para intentar evadir el proceso; sin embargo, todos los testigos establecen que hasta el inicio de este caso Santiago Hazim se desempeñaba con total normalidad tanto en el SeNaSa como en su vida social privada”, sostuvo el Ministerio Público.
El órgano acusador precisó que la supuesta complejidad de salud alegada por Hazim Albainy no ha sido respaldada con ninguna evidencia médica válida y recordó que, conforme al procedimiento judicial, para que un tribunal valore una condición médica es necesario un informe emitido por un perito designado por el Ministerio Público o por el propio tribunal, lo cual no ha ocurrido en este caso, correspondiente al principal imputado de la Operación Cobra.
De acuerdo con el Ministerio Público, Hazim Albainy encabezaba una red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones de pesos al Estado dominicano a través del SeNaSa, entidad en la que se habría producido un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos.
Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, en la que el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso, el imputado alegó una condición de salud que su defensa difundió ante los medios de comunicación.
El Ministerio Público planteó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que la prisión preventiva es la medida más idónea para varios de los imputados, entre ellos Hazim Albainy y el consultor jurídico del SeNaSa, Germán Robles, quienes figuran entre los acusados que habrían recibido más de 2 mil millones de pesos solo en sobornos.
El órgano persecutor señaló que en el caso de Hazim Albainy concurren todos los criterios que caracterizan un proceso de alta complejidad y gravedad, entre ellos:
La pluralidad de víctimas e imputados.
El grave daño causado a la sociedad.
Su condición de funcionario público, con una posición de garante del correcto funcionamiento del sistema de salud frente a millones de afiliados.
La naturaleza de los delitos, que afectan un bien jurídico fundamental como el derecho a la salud.
La falsificación y adulteración de documentos durante años para ocultar las acciones criminales.
La existencia de una red de crimen organizado con una estructura sistemática.
Las acciones de ocultación de bienes obtenidos ilícitamente.
Las maniobras planificadas para impedir que otros implicados colaboraran con la investigación.
El proceso
Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena fijó para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.
Durante el desarrollo de la audiencia, tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal y declararon haber pagado sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a otros exfuncionarios de la entidad estatal.
El Ministerio Público ha depositado un amplio legajo probatorio que incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y diversas pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos investigados.
Entre los delitos imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos.