A propósito de la Ley 98-25: ¿Cómo prepararte sin afectar la liquidez de tu MIPYME?
Desde el punto de vista contable, mantener registros claros y actualizados evita recargos, duplicidades o sanciones por incumplimiento. En este punto, el rol del contador trasciende la simple ejecució…
La reciente promulgación de la Ley 98-25, que sustituye el marco legal anterior sobre gestión integral de residuos sólidos, ha vuelto a colocar en el centro del debate el impacto financiero de las obligaciones ambientales sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Más allá de la discusión técnica o política, lo cierto es que esta normativa introduce ajustes que muchas MIPYMES deberán incorporar de manera ordenada a su planificación financiera para evitar tensiones de liquidez.
Uno de los principales errores que cometen los negocios ante cambios regulatorios es tratarlos como eventos aislados. En realidad, cualquier obligación vinculada a la operación formal —incluidas tasas, contribuciones o costos asociados a la gestión de residuos— debe asumirse como parte estructural del costo de hacer negocios.
El impacto financiero de la Ley 98-25 no radica únicamente en el monto que eventualmente deba pagarse, sino en cómo se gestiona ese pago. Cuando una empresa utiliza el efectivo operativo del mes para cubrir obligaciones regulatorias, compromete su capacidad de responder a gastos esenciales como nómina, suplidores o servicios básicos.
La primera recomendación es anticipar. Aunque algunas obligaciones se liquiden de forma anual o eventual, la empresa debe estimar su impacto y provisionarlo mensualmente. Separar pequeñas cantidades cada mes reduce el efecto de un desembolso concentrado y protege la estabilidad de la caja.
Un segundo elemento clave es la integración presupuestaria. La gestión de residuos y el cumplimiento ambiental no deben manejarse fuera del presupuesto general. Si el negocio percibe que estos costos aumentan su carga operativa, corresponde revisar la estructura de gastos, evaluar eficiencias internas o, cuando sea necesario, ajustar precios de manera estratégica.
Desde el punto de vista contable, mantener registros claros y actualizados evita recargos, duplicidades o sanciones por incumplimiento. En este punto, el rol del contador trasciende la simple ejecución: se convierte en un aliado de planificación y prevención.
En definitiva, la Ley 98-25 representa un reto, pero también una oportunidad para que las MIPYMES fortalezcan su disciplina financiera. Las empresas que planifican, provisionan y entienden sus obligaciones no solo cumplen la ley, sino que operan con mayor estabilidad y control. La diferencia entre un impacto manejable y un golpe a la liquidez está, casi siempre, en la anticipación.
