El Gobierno apelará el fallo por la Emergencia en Discapacidad
Horas antes de que la Cámara de Diputados rechazara el Capítulo XI del Presupuesto 2026, que contemplaba la derogación de la Emergencia en Discapacidad y del Financiamiento Universitario, el procurado…
El Gobierno nacional de Argentina fundamentará su apelación contra el fallo judicial que ordena la implementación de la Emergencia en Discapacidad y trabaja en una estrategia legal para revertir la sentencia, que según sostiene el Ejecutivo pone en riesgo el equilibrio fiscal.
Horas antes de que la Cámara de Diputados rechazara el Capítulo XI del Presupuesto 2026, que contemplaba la derogación de la Emergencia en Discapacidad y del Financiamiento Universitario, el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, presentó la apelación contra la sentencia del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Tras el revés legislativo, el Ejecutivo cuenta con pocas alternativas. Una de ellas es la apelación ante la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, cuyo resultado es incierto. Otras opciones, ajenas al ámbito judicial, fueron analizadas en la mesa política del Gobierno, entre ellas insistir con el tema en el Senado o emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para frenar la ejecución de la ley.
No obstante, la sentencia del juez González Charvay permanece vigente y habilita a los demandantes a exigir su cumplimiento inmediato. Antes de que finalice la próxima semana, la Procuración del Tesoro deberá remitir al juzgado los fundamentos de la apelación, tras lo cual las partes demandantes podrán responder y solicitar que se levante la suspensión de la ley, aun cuando el recurso continúe en trámite.
El juzgado concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que implica que el fallo debe cumplirse hasta que una instancia superior lo revoque. Además, el magistrado podría dar intervención a una asesora de menores, dado que la causa involucra a niños y fue iniciada por padres en representación de sus hijos.
Desde el inicio del proceso, el Ejecutivo dejó entrever su estrategia de defensa. En su respuesta judicial, sostuvo que el gasto previsto por la Emergencia en Discapacidad tendría consecuencias graves, como el cierre de juzgados federales, la suspensión del patrullaje de fuerzas federales y la interrupción de servicios en unidades penitenciarias, entre otros impactos negativos para el país.
Asimismo, el Gobierno argumentó que el decreto N.º 681/25 no suspendió la ley, como indicó el juez, sino que la limitación surge de la Ley de Ejecución Presupuestaria, que exige que toda norma que autorice gastos cuente con financiamiento específico. Este punto fue rechazado por el magistrado, quien calificó esa justificación como “engañosa” y “falaz”, al señalar que la propia ley faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias.
