Abogado crítico del gobierno de Bukele lleva siete meses detenido en El Salvador
El abogado Enrique Anaya, reconocido constitucionalista y crítico del gobierno de Nayib Bukele, llegó este miércoles a siete meses de detención en El Salvador, acusado de blanqueo de capitales, en un …
El abogado Enrique Anaya, reconocido constitucionalista y crítico del gobierno de Nayib Bukele, llegó este miércoles a siete meses de detención en El Salvador, acusado de blanqueo de capitales, en un caso que ha llamado la atención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Anaya fue detenido el 7 de junio de 2025 bajo cargos de lavado de dinero, y desde entonces su proceso se mantiene bajo secreto judicial, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya ofrecido mayores detalles. El 25 de junio, un juzgado decidió mantenerlo detenido mientras se desarrolla la fase de instrucción de su caso.
Organizaciones humanitarias, como Cristosal, han destacado la trayectoria de Anaya, señalándolo como “una figura clave en la defensa de la institucionalidad democrática y el orden constitucional” en El Salvador. Su situación ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil y organismos internacionales por las implicaciones sobre derechos y garantías procesales.
“Desde su experiencia como jurista, ha presentado demandas ante instancias nacionales e internacionales, cuestionando leyes adoptadas por la actual Asamblea Legislativa y resoluciones que vulneran principios fundamentales”, según la ONG.
Crítico de Bukele
Anaya ha sido un fuerte crítico del Ejecutivo del presidente Bukele, enfocado principalmente en aspectos jurídicos, y antes de su detención había denunciado las que consideraba irregularidades en el proceso penal que enfrenta la abogada anticorrupción Ruth López, detenida el 18 de mayo, otra crítica de Bukele y procesada por enriquecimiento ilícito.
El 23 de septiembre pasado, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de Anaya ante el “riesgo de daño irreparable” a sus derechos a la vida, integridad y salud, que según reportes de la prensa local se habrían adoptado a mediados de octubre.
La organización Amnistía Internacional (AI) dijo en septiembre que El Salvador ha utilizado su sistema penal “como arma para castigar a quienes defienden derechos humanos“, y las detenciones de activistas también han generado críticas de Human Rights Watch (HEW) y una relatora de la ONU.
