Proponen ley para saldar deudas históricas del Estado por obras públicas ejecutadas
Tras escuchar los argumentos técnicos, jurídicos y humanos, la comisión decidió rendir informe favorable a la iniciativa, canalizada a través del senador Franklin Romero, quien la sometió formalmente …
Más de cien pequeños y medianos contratistas del sector de ingeniería y construcción acudieron al Congreso Nacional para presentar una petición que arrastra décadas de espera: la regularización de deudas del Estado por obras públicas ejecutadas, algunas desde la década de los años noventa.
La iniciativa legislativa, propuesta por el senador Franklin Romero y respaldada por miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), busca establecer un mecanismo legal excepcional que permita al Ministerio de Hacienda y Economía autorizar el pago de compromisos que, aunque reconocidos por el Estado, no han podido ser cancelados debido a obstáculos burocráticos acumulados a lo largo del tiempo.
Durante más de dos horas, la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado escuchó los planteamientos de una delegación de más de treinta contratistas, quienes explicaron tanto el impacto técnico como el efecto humano y emocional de estas deudas sobre sus vidas, empresas y familias.
Se trata de obras ejecutadas, recibidas y en funcionamiento, muchas vinculadas a carreteras, centros educativos, infraestructuras hidráulicas y servicios comunitarios, realizadas bajo instrucciones de autoridades competentes en su momento. Sin embargo, la falta de formalización administrativa impidió que los pagos siguieran su curso normal.
Uno de los aspectos más sensibles expuestos fue que más de veinte ingenieros e ingenieras han fallecido sin haber visto saldadas las acreencias derivadas de su trabajo, dejando procesos pendientes que ahora recaen sobre familiares y sucesores. Para los presentes, la propuesta no solo representa una solución financiera, sino un acto de justicia histórica.
Tras escuchar los argumentos técnicos, jurídicos y humanos, la comisión decidió rendir informe favorable a la iniciativa, canalizada a través del senador Franklin Romero, quien la sometió formalmente para su conocimiento legislativo.
Los contratistas enfatizaron que la propuesta no busca confrontación ni excepciones arbitrarias, sino cerrar un capítulo pendiente mediante procesos de validación, depuración y control, respetando los principios de legalidad, equidad y transparencia. Asimismo, destacaron que contempla mecanismos técnicos y documentales para verificar cada caso individualmente, evitando precedentes indebidos y fortaleciendo la seguridad jurídica del Estado.
El sector reiteró su confianza en el Congreso Nacional como espacio institucional para atender una situación que no solo involucra balances contables, sino historias de trabajo, servicio público y espera prolongada, expresando la esperanza de que el tema se aborde con la responsabilidad y sensibilidad que amerita.
