Ministerio Público acusa a red familiar dedicada a secuestro y extorsión en La Altagracia
La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y la fiscal Claudia Garrido, de La Altagracia, informaron que la acusación cumple con todos los requisitos legales para obte…
El Ministerio Público presentó acusación penal contra los miembros de una familia de la provincia La Altagracia, señalados como responsables de una red criminal dedicada al secuestro, la extorsión, el soborno y el lavado de activos.
Los imputados son Ambiorix Vásquez Severino, Etefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Jhan Carlos Rivera Martínez, Tairi Vásquez Severino y Ruth Delanea Severino Santana, quienes, según la acusación, conformaron una estructura criminal para el secuestro, tortura y extorsión de sus víctimas.
La red fue desarticulada mediante una investigación conjunta de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de la Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación, los imputados, haciéndose pasar por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), secuestraron a una persona de 47 años en la comunidad La Otra Banda, en Higüey, provincia La Altagracia.
Portando indumentaria táctica y armas largas, los acusados raptaron a la víctima bajo la apariencia de un arresto y la trasladaron a un lugar oculto en la carretera de Miches, donde la mantuvieron retenida durante cuatro días, sometiéndola a torturas mientras exigían a sus familiares 20 millones de pesos como pago por su liberación.
El órgano persecutor estableció que, con los fondos obtenidos del secuestro, los imputados adquirieron vehículos de alta gama, prendas de alto valor económico y manejaron importantes sumas de dinero. Parte de esos recursos habrían sido utilizados por Ruth Delanea Severino Santana, madre de los cabecillas de la red, para intentar sobornar a miembros de la Policía Nacional.
Severino Santana fue arrestada en flagrante delito por agentes de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional cuando entregaba RD$400,000 en una estación de combustible de San Pedro de Macorís, con el propósito de impedir el sometimiento judicial de sus familiares.
La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y la fiscal Claudia Garrido, de La Altagracia, informaron que la acusación cumple con todos los requisitos legales para obtener una sentencia condenatoria.
Indicaron que el expediente está sustentado en pruebas creíbles, obtenidas conforme a la normativa procesal penal dominicana, incluyendo cadena de custodia, registros documentales, testimonios corroborados y peritajes, que demuestran la autoría y participación de los imputados.
“La investigación fue realizada con rigor técnico y respeto a las garantías procesales, lo que otorga plena validez probatoria a los elementos presentados ante el tribunal”, afirmó Ramona Nova, al reiterar el compromiso del Ministerio Público de combatir el crimen organizado.
Por su parte, los fiscales investigadores Claudio Cordero y Surielly Guerrero destacaron la solidez de las pruebas y la coherencia de los testimonios que vinculan a los imputados con los hechos.
El Ministerio Público espera ahora la fijación de la audiencia preliminar por parte del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
