Nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigor con reglas más estrictas y obligatorias
De acuerdo con Pimentel, el nuevo marco legal busca fortalecer la planificación de las compras del Estado, elevar los estándares de transparencia, promover la competencia y reforzar los mecanismos de …
Entró en vigencia este miércoles el Reglamento de Aplicación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, iniciando una etapa de cambios estructurales en la forma en que el Estado dominicano administra y supervisa el uso de los recursos públicos.
La normativa establece reglas más claras, procedimientos fortalecidos y mayores niveles de control y trazabilidad, los cuales serán de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas, sin excepciones ni interpretaciones discrecionales, según explicó Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas.
De acuerdo con Pimentel, el nuevo marco legal busca fortalecer la planificación de las compras del Estado, elevar los estándares de transparencia, promover la competencia y reforzar los mecanismos de supervisión, con el objetivo de garantizar que cada contratación responda al interés general.
El funcionario señaló que la entrada en vigor del reglamento representa un cambio cultural dentro de la administración pública, al destacar que las decisiones de contratación impactan directamente en la calidad de los servicios públicos, la confianza ciudadana y la legitimidad institucional.
Asimismo, indicó que el sistema incorpora una mayor articulación entre los órganos rectores y de control, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude y otras entidades fiscalizadoras del Estado.
Pimentel informó que la implementación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas se realizará de forma gradual, ordenada y conforme a un cronograma establecido, incluyendo procesos de capacitación y asistencia técnica a las instituciones, para asegurar la correcta aplicación de la normativa.
La entrada en vigencia de la ley y su reglamento forma parte de los esfuerzos por consolidar un sistema de contrataciones públicas más eficiente, transparente y confiable, alineado con los principios de legalidad y rendición de cuentas.
