Faride Raful rechaza llamados sin respaldo legal y defiende la institucionalidad del Estado
Indicó que el Gobierno ha reforzado sus acciones para garantizar la protección de la integridad de las personas, conforme a lo que establece la Carta Magna, y aseguró que las autoridades trabajan para…
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que ningún grupo ni persona puede emitir ultimátums o hacer llamados en materia migratoria si no cuenta con autoridad legal para ello, en respuesta a recientes pronunciamientos atribuidos a la Antigua Orden Dominicana sobre ciudadanos haitianos residentes en Santo Domingo Este.
Al ofrecer declaraciones tras la reunión de seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader, la funcionaria recordó que la autoridad del Estado está claramente definida en la Constitución y en el marco jurídico vigente, y que su ejercicio corresponde únicamente a las instituciones legalmente establecidas.
Raful subrayó que la República Dominicana es un Estado de derecho, organizado en tres poderes, cuya actuación se rige por la Constitución y las leyes. En ese sentido, explicó que la política migratoria del país se fundamenta en la Ley General de Migración y en los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo, los cuales, dijo, incluyen el respeto a los derechos humanos como principio esencial.
Indicó que el Gobierno ha reforzado sus acciones para garantizar la protección de la integridad de las personas, conforme a lo que establece la Carta Magna, y aseguró que las autoridades trabajan para prevenir cualquier situación que vulnere esos derechos.
Durante su intervención, la ministra también se refirió a los avances de la Dirección Especializada de Violencia contra la Mujer y lamentó que, al cierre de 2025, se registraran 55 mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas.
Asimismo, abordó la creciente circulación de pasolas eléctricas en el país y anunció que esta semana sostendrá una reunión para discutir medidas de regulación, ante la preocupación ciudadana por los riesgos que estas representan, especialmente para menores de edad.
