El exlegislador Iván Silva denunció lo que calificó como un grave atentado contra el medio ambiente y el patrimonio público en Puerto Viejo, provincia Azua. Según afirmó, la instalación de cuatro plantas flotantes en una zona protegida respondería a una red de corrupción que prioriza beneficios empresariales por encima de la salud del ecosistema y de la ciudadanía.
Silva sostuvo que la situación en la comunidad de Los Negros constituye un “ecocidio”, debido al uso de fuel oil pesado en las barcazas instaladas en el área. Aseguró que las emisiones constantes de gases tóxicos, como butano y compuestos sulfurosos, estarían contaminando el aire y afectando la fauna marina en una zona de manglares que sirve de hábitat al manatí.
El exlegislador señaló directamente al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, como responsable de encubrir la situación para favorecer según dijo a grupos económicos vinculados al sector eléctrico. Afirmó que Marranzini actúa como “juez y verdugo”, castigando al pueblo mientras garantiza rentabilidad a generadores privados mediante contratos de pago por capacidad no utilizada.
Asimismo, indicó que el subsidio eléctrico anual habría ascendido a 110,000 millones de pesos, cifra que consideró insostenible para el presupuesto nacional. Denunció que esos recursos terminan beneficiando a empresarios que operan bajo exenciones impositivas, mientras los usuarios enfrentan facturaciones domiciliarias que, según afirmó, pueden pasar de 2,500 a 30,000 pesos.
Finalmente, Silva hizo un llamado a la sociedad civil a rechazar lo que definió como un modelo de gestión eléctrica “corrupto y depredador”, y aseguró que continuará denunciando estas prácticas por considerarlas lesivas para el bienestar y el bolsillo de las familias dominicanas.