Imponen prisión preventiva a mujer acusada de falsificar documentos para cobrar pensión de policía fallecido
De acuerdo con la acusación, la mujer habría utilizado un acta de defunción falsa para hacerse pasar por esposa del agente y así obtener una pensión mensual de RD$13,814.55.
Por presuntamente cobrar de manera irregular una pensión destinada a la viuda de un oficial fallecido, una mujer fue enviada a prisión preventiva por un mes, tras comprobarse que habría falsificado documentos para simular un vínculo matrimonial con el agente.
La imputada, identificada como Dilennys Mercedes Rossó, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
Investigación y denuncia
El proceso se inició luego de que familiares del oficial, un primer teniente de la Policía Nacional fallecido el 13 de febrero de 2019, presentaran una denuncia ante la Junta Central Electoral (JCE).
De acuerdo con la acusación, la mujer habría utilizado un acta de defunción falsa para hacerse pasar por esposa del agente y así obtener una pensión mensual de RD$13,814.55.
La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado certificó que la procesada cobraba la pensión del Plan de Retiro de la Policía Nacional desde el 25 de abril de 2020.
Por su parte, la Dirección Nacional del Registro Civil informó, el 17 de junio de 2025, que no existe registro de matrimonio entre la imputada y el oficial fallecido. Asimismo, certificó que Rossó contrajo matrimonio civil el 10 de abril de 2025 con otro hombre en la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte.
Decisión judicial y cargos
La medida fue impuesta por la jueza Karen Casado Minyety, luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El órgano acusador calificó provisionalmente los hechos como falsificación y uso de documentos falsos y estafa, en violación de los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal dominicano, así como de la Ley 4-23.
La investigación está a cargo de la fiscal Esther María González Peguero y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, adscritos al Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.
