Participación Ciudadana denuncia retrasos en caso Jean Alain Rodríguez
El documento advierte que los casos de gran corrupción en los tribunales corren el riesgo de extinción de la acción pública debido al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, provocado po…
El movimiento cívico Participación Ciudadana continúa dando seguimiento a los casos de gran corrupción en el sector público que se conocen en los tribunales de la República Dominicana. En esta ocasión, presenta su octavo informe, dedicado exclusivamente al caso de Jean Alain Rodríguez y compartes.
Las de coerción contra los imputados fueron dictadas el 14 de julio de 2021, por lo que el proceso está próximo a cumplir medidas cinco años. El juicio preliminar tomó cerca de dos años y requirió 95 audiencias. El juicio de fondo fue fijado para iniciar el 23 de septiembre de 2024 y, 18 meses después, ha sido reenviado en 22 ocasiones.
El informe detalla que, desde el envío a juicio de fondo, el proceso ha estado marcado por la discusión de incidentes procesales, en su mayoría presentada por los imputados, lo que ha impedido el avance del conocimiento del fondo del caso. Esto, según el documento, contrasta con lo establecido en el artículo 305 del Código Procesal Penal, que busca evitar la dilatación de los procesos por este tipo de incidentes.
El documento advierte que los casos de gran corrupción en los tribunales corren el riesgo de extinción de la acción pública debido al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, provocado por la demora en conocer el fondo.
Asimismo, señala que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el plazo de duración máxima debe ser razonable y evaluarse según la complejidad del caso, la actividad procesal de los imputados y la conducta de las autoridades judiciales. De igual forma, el Tribunal Constitucional ha indicado que la duración de los procesos puede extenderse cuando existe justificación o complejidad que lo amerite, sin que esto implica violación al debido proceso.
El informe concluye que, tras un año y ocho meses de iniciado el juicio de fondo, aún no ha sido posible comenzar la etapa central del proceso contra Rodríguez y compartes, lo que, a juicio del movimiento cívico, refleja debilidades del sistema judicial para garantizar sanciones oportunas en casos de corrupción.
Finalmente, advierte que, si bien el nuevo Código Penal contempla sanciones más severas para los delitos de corrupción, el principal desafío sigue siendo la aplicación efectiva y oportuna de las leyes vigentes.
