Fiscalía de Santiago apelará medida impuesta a policías implicados en la muerte de agente de la Digesett
La Fiscalía de Santiago recurrirá ante la Corte de Apelación de esta jurisdicción la medida de coerción, consistente en prisión domiciliaria, que la jueza Yiberty Polanco impuso a los dos oficiales de la Policía Nacional acusados de matar a tiros a un compañero adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett).
SANTIAGO.- La Fiscalía de Santiago recurrirá ante la Corte de Apelación de esta jurisdicción la medida de coerción, consistente en prisión domiciliaria, que la jueza Yiberty Polanco impuso a los dos oficiales de la Policía Nacional acusados de matar a tiros a un compañero adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett).
Los imputados, el teniente coronel José Ernesto de la Rosa Pérez y el segundo teniente Luis Antonio Montilla Lara, están acusados de matar al raso Alberto de la Rosa de la Cruz junto al prófugo Jonathan Rodríguez Parra.
La medida de coerción dictada por la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, en contra de los oficiales, además de prisión domiciliaria, consiste en la colocación de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.
El titular del Ministerio Público en esta demarcación, Osvaldo Bonilla, se mostró en desacuerdo con la decisión del tribunal, debido a que la medida no guarda relación con la gravedad de los hechos atribuidos a los agentes policiales ni con las pruebas aportadas.
Bonilla dijo que las pruebas, “no solo colocan a los imputados en la escena del crimen, sino que también evidencian que dispararon en más de 15 oportunidades hacia la parte trasera del vehículo en movimiento en que iba la víctima, impactada por tres proyectiles”.
De la Rosa iba en la parte trasera del vehículo Toyota Camry, color azul oscuro, el cual fue atacado a tiros cuando transitaba, junto a otras personas, por la calle Villa del Yaque del municipio Villa González.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público, representado en la audiencia por las fiscales Yarily Toribio y Quirsa Abreu, establece que se trató de un accionar desproporcionado, en el que los imputados, además de otros dos agentes que están prófugos, violentaron las normativas y protocolos haciendo un uso desmedido de la fuerza.
