Jueza de la SCJ afirma que el Poder Judicial impulsa iniciativas a favor de las personas privadas de libertad
La Jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), María Garabito Ramírez afirmó que desde el Poder Judicial se impulsan iniciativas a favor de las personas que cumplen o han cumplido una conden
La Jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), María Garabito Ramírez afirmó que desde el Poder Judicial se impulsan iniciativas a favor de las personas que cumplen o han cumplido una condena, con miras a mejorar las condiciones de esa población vulnerable, como son las personas de avanzada edad, con enfermedad terminal o en estado grave, con lo que se busca que el sistema de justicia garantice el derecho que tienen los privados de libertad a que sea respetada su dignidad humana.
La magistrada Garabito también sostuvo que desde el Estado se deben establecer políticas públicas que fortalezcan el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad, con miras a definir un sistema integral para su reinserción social y mejorar las condiciones de esa población vulnerable.
La magistrada Garabito Ramírez explicó que la pena, como consecuencia directa del delito, restringe y limita algunos derechos fundamentales del interno, pero su fin último es reeducar y permitir la reinserción de un ser humano renovado a la sociedad, como un individuo productivo y socialmente reivindicado.
“Para la consecución de ese fin es imprescindible respetar la dignidad del condenado, a través no solo de programas dirigidos en ese sentido, sino de las infraestructuras necesarias y eficientes, de un personal capacitado e idóneo y sensibilizado para la verdadera resocialización de la persona condenada”, afirmó la magistrada experta en materia penal.
Otras de las políticas que impulsa el Poder Judicial es la puesta en marcha del sistema de justicia juvenil restaurativa, con el objetivo de aplicar medidas alternativas a la privación de libertad a través del diálogo entre la víctima y la persona infractora, procurando la reeducación de la parte imputada.
Asimismo, citó como un logro importante la implementación gradual del Programa de Tratamiento Bajo Supervisión Judicial en los tribunales, luego de un piloto realizado en el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, el cual ha impactado a más de 500 personas imputadas en delitos menores. Con este programa se cual busca dar un abordaje terapéutico y atención de salud a personas que cometen delitos por el uso problemático de sustancias controladas.
Explicó que la misión y visión definida por el Poder Judicial para el año 2022, es de una “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, lo que implica que esta sea oportuna y que responde a tiempo, con servidores judiciales íntegros para una justicia confiable y transparente.
“En este mismo sentido, se llevan a cabo acciones para eficientizar la emisión de las ordenes de libertad al día y la reducción de los plazos en el conocimiento de los procesos en la Suprema Corte de Justicia, presentando la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la agenda al día en el conocimiento de los casos correspondientes al año 2022”, puntualizó.
Finalmente, indicó que el sistema de justicia tiene dos desafíos: Un sistema de datos sobre las personas privadas de libertad compartido con las instituciones del sistema de justicia penal, como el Ministerio Público, Defensa Pública y el Poder Judicial, y segundo, una legislación que regule el uso de los medios digitales, que impactará en un mayor acceso, ahorro de tiempo y recursos para las personas usuarias del servicio de justicia.
La magistrada Garabito Ramírez, emitió sus consideraciones al participar en el acto de “lanzamiento del Informe de las Condiciones de Detención y Prisión 2021” realizado por la Oficina Nacional de Defensa Pública, en el que exhortó a esos profesionales del derecho a “continuar actuando con proactividad y mística para el respeto de los derechos fundamentales de las personas asistidas, procurando el mejor resultado, siempre dentro del marco de la ética y la integridad como servidores públicos”.
