Más de 25.000 personas han sido evacuadas en Colombia ante el riesgo de la creciente del río que surte a una hidroeléctrica en construcción en el noroeste del país y la cual amenaza a unos 130.000 pobladores.
Desde que comenzó la emergencia el 12 de mayo, han sido llevados a lugares seguros 25.234 campesinos, y de momento los organismos de socorro no han especificado cuántas personas más deberán ser desalojadas, indicó la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en un comunicado.
El puesto de mando que supervisa la emergencia había emitido más temprano una nueva «alerta roja» de desalojo para cuatro de los 12 municipios que están en la zona de riesgo de la represa Hidroituango, en el departamento de Antioquia.
La situación la desencadenó un «flujo de agua» por uno de los túneles de desviación de Hidroituango, que podría provocar una creciente súbita del río Cauca. La alerta se mantiene.
Las comunidades rurales de Valdivia, Puerto Antioquia, Cáceres y Tarazá deberán «seguir la orden de evacuación preventiva», declaró a la AFP un vocero de la UNGRD.
«Hay que esperar a que culmine este nuevo proceso para saber el total de personas reubicadas», dijo a la AFP Ana María Escobar, del puesto de mando.
A través de redes sociales, pobladores opuestos al proyecto y que son apoyados por el movimiento ambiental Ríos Vivos, exigieron «albergues y ayudas humanitarias dignas».
«No tenemos un albergue digno, al coliseo donde estamos le llueve mucho, los baños están supremamente sucios, estamos en una problemática muy terrible», dijo la ciudadana Blanca Gómez en un video distribuido por la ONG.
Hidroituango entró en emergencia después de que un derrumbe provocado por una falla geológica bloqueó uno de los túneles de desviación de aguas del río, según la Empresas Públicas de Medellín (EPM), el mayor socio del proyecto.
A raíz de ello, el embalse comenzó a llenarse sin estar terminado a la altura del vertedero, por donde debe seguir el cauce.
Cuadrillas de obreros trabajan a marcha forzada para subir la altura de la represa y desviar el agua por el vertedero. De esa forma, se evitaría un colapso de la presa, que pondría en riesgo a unas 130.000 personas.
Las lluvias en la zona complican todavía más los trabajos.
Iniciada en 2010 con una inversión que supera los 3.000 millones de dólares, la megaobra atenderá casi una quinta parte de la demanda energética del país.
Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).
Camargo Correa está implicada en la operación anticorrupción «Lava Jato» (lavadero de autos) que destapó una red de sobornos enquistada en el aparato estatal y político de Brasil y con ramificaciones en decenas de países.
La fiscalía colombiana investiga la contratación y adjudicación de las obras, y posibles daños ambientales.
