¡Alerta electoral! Quienes hagan campaña antes de tiempo no podrán ser candidatos, advierte la Ley 33-18
En medio de fuertes cuestionamientos entre los tres principales partidos del espectro político dominicano, la Junta Central Electoral (JCE) ha emitido dos advertencias en el último mes, instando a las…
En medio de fuertes cuestionamientos entre los tres principales partidos del espectro político dominicano, la Junta Central Electoral (JCE) ha emitido dos advertencias en el último mes, instando a las organizaciones a respetar los plazos establecidos para la precampaña y campaña electoral. La primera advertencia fue publicada el 5 de febrero y la segunda el 21 del mismo mes, enfatizando que el incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear severas sanciones.
Las sanciones: desde multas hasta la exclusión de candidaturas
Según el cronograma electoral de la JCE, la precampaña para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2028 dará inicio el primer domingo de julio de 2027, siendo el periodo oficial para definir las candidaturas de los partidos políticos.
La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece en su artículo 40 que la precampaña es el período en el cual los partidos realizan actividades internas para seleccionar sus precandidatos a cargos de elección popular. No obstante, algunos sectores han señalado que ciertas figuras políticas ya han iniciado acciones proselitistas, lo que podría ser una violación directa de la normativa.
La JCE ha sido clara en sus advertencias: cualquier aspirante que inicie campaña antes de los tiempos oficiales podría enfrentar la “inadmisibilidad de su candidatura”, según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 33-18. Además, el artículo 308 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral establece sanciones administrativas que van desde una multa de uno hasta 200 salarios mínimos para entidades políticas, precandidatos y jefes de campaña que organicen manifestaciones o reuniones públicas antes del periodo oficial de campaña.
A pesar de la facultad de la JCE para aplicar estas sanciones, no se han registrado precedentes recientes de castigos impuestos a entidades políticas por incumplir estos plazos, lo que genera interrogantes sobre la efectividad de estas regulaciones.
El Tribunal Superior Electoral: última instancia para sancionar
Según la Ley 33-18, el Tribunal Superior Electoral (TSE) es la entidad competente para juzgar las infracciones cometidas en materia electoral. El proceso judicial podría iniciarse por una denuncia formal presentada por la JCE o por la parte interesada. En caso de un proceso judicial, la Junta Central Electoral actuaría como parte querellante, siguiendo de cerca el desarrollo de la causa, según lo estipulado en el artículo 81 de la ley.
Aspiraciones presidenciales: los primeros movimientos en el escenario político
En el Partido Revolucionario Moderno (PRM), algunas figuras ya han comenzado a generar expectativas sobre sus aspiraciones presidenciales. El pasado 27 de febrero, tras la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el director general de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnau; el ministro de Turismo, David Collado; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, fueron vistos juntos, lo que algunos analistas interpretaron como una demostración de fuerza y posibles intenciones de competir internamente.
En redes sociales, circula una imagen publicitaria con la foto y nombre de Carolina Mejía, sugiriendo su intención de postularse para las elecciones de 2028.
Mientras tanto, en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han surgido nombres como Francisco Javier García, Domínguez Brito, Abel Martínez y Margarita Cedeño como posibles aspirantes a la nominación presidencial.
Por su parte, en la Fuerza del Pueblo (FP), la contienda parece centrarse en dos figuras clave: el expresidente Leonel Fernández y el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien ha ganado notoriedad dentro de la organización política.
A pesar de que los plazos para la precampaña aún están lejanos, el debate sobre la legalidad de estos movimientos anticipados está sobre la mesa. La JCE ha dejado claro que no dudará en aplicar las sanciones establecidas en la ley, pero queda por ver si realmente ejecutará medidas ejemplares para evitar que el proceso electoral de 2028 se desarrolle en un clima de inequidad y violación de las reglas establecidas.
