Altos costos y falta de acceso dificultan adquirir vivienda en República Dominicana
El acceso a una vivienda digna en la República Dominicana continúa siendo un desafío para gran parte de la población, a pesar de que los precios de compra en el mercado formal se mantienen relativamen…
El acceso a una vivienda digna en la República Dominicana continúa siendo un desafío para gran parte de la población, a pesar de que los precios de compra en el mercado formal se mantienen relativamente bajos en comparación con otros países de la región.
De acuerdo con el Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el país el precio promedio de una vivienda formal ronda los 50 mil dólares en zonas urbanas, una cifra inferior a la de otras naciones. Sin embargo, este dato no refleja la dificultad real de acceso para la mayoría de los ciudadanos.
Uno de los principales obstáculos es el costo del alquiler, que en el mercado formal alcanza un promedio de 571 dólares mensuales, superando a varios países vecinos y representando una carga significativa para los ingresos familiares.
En términos de asequibilidad, el índice precio-ingreso (PIR) en República Dominicana se sitúa en 3.2, lo que en teoría indica un nivel accesible. No obstante, expertos advierten que este indicador oculta la realidad de amplios sectores que no cuentan con ingresos formales ni acceso a financiamiento.
El informe también destaca que el acceso al crédito hipotecario sigue siendo limitado, con una penetración de apenas 5.01 % del Producto Interno Bruto (PIB), debido a requisitos de formalidad laboral y garantías que excluyen a gran parte de la población.
Asimismo, el país enfrenta un déficit habitacional cercano al 40 %, especialmente en zonas de rápido crecimiento urbano, donde predominan problemas como hacinamiento, precariedad y falta de servicios básicos.
A esto se suma el encarecimiento del suelo urbano, impulsado por la especulación y la falta de planificación, factores que elevan el costo de la vivienda formal y dificultan el desarrollo de proyectos accesibles.
Ante este panorama, aunque existen subsidios y programas de apoyo, su alcance resulta insuficiente frente a la alta demanda, lo que obliga a muchas familias a recurrir al alquiler informal o a la autoconstrucción.
Las autoridades han intentado enfrentar esta situación con la promulgación de una ley de ordenamiento territorial en 2024, orientada a mejorar la gestión del suelo y frenar la especulación. Sin embargo, sus resultados aún están por verse en el corto plazo.
