Aplazan audiencia de solicitud de prórroga para acusación del caso Coral
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes 18 de enero la audiencia donde se conocerá la solicitud del Ministerio Público de cuatro meses de prórroga para presentar la acusación en contra de los imputados en el caso Coral.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes 18 de enero la audiencia donde se conocerá la solicitud del Ministerio Público de cuatro meses de prórroga para presentar la acusación en contra de los imputados en el caso Coral.
El juez Raymundo Mejía tomó la decisión tras acoger la solicitud del abogado Félix Portes, defensa del coronel Rafael Núñez de Aza, quien argumentó que a su cliente no se le notificó la solicitud que hiciera el órgano acusador. La audiencia se conocerá a las 11:00 de la mañana.
La solicitud de prórroga para presentar acusación contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados involucrados en el caso coral, fue hecha por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, a través de una instancia fechada el día 4 de este mes de enero.
En el documento firmado además por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, se hace constar que se hizo la solicitud por diversas razones y que “a medida que esta investigación avanza, la situación de los procesados se ve cada vez más grave y compleja”.
En su petición el Ministerio Público dice que mantiene una investigación diligente y activa contra la red de corrupción de la que, figuran además como imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
La alegada red corrupción también se extendió hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde se incluían en la nómina a militares y policías que se prestaron para hacer desfalcos millonarios a cambio de pequeños montos de ganancia. Supuestamente, la red utilizó instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero sustraído del erario público.
