Audiencia define hoy coerción de 11 policías por muerte de cinco hombres en Santiago
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo para los oficiales, señalados por los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario. La in…
El Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Santiago decidirá este jueves sobre la medida de coerción contra once agentes de la Policía Nacional involucrados en la muerte por disparos de cinco hombres ocurrida el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, provincia Santiago.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo para los oficiales, señalados por los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario. La investigación estuvo a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu, siguiendo instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
Los imputados incluyen a los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los sargentos Sócrates Fidel Féliz Féliz y Hairo Mateo Morillo; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña, todos adscritos a distintos departamentos de la Policía en Santiago.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, 35; y José Vladimir Valerio Estévez, 25, quienes resultaron gravemente heridos y fallecieron mientras recibían atención médica en el Hospital Regional Universitario Doctor Cabral y Báez.
Según el expediente, los agentes llegaron en tres vehículos –un Mazda, un Honda Civic y un Kia K5– y realizaron disparos indiscriminados contra los hombres, mientras un testigo grababa parte del hecho con su teléfono móvil. Posteriormente, los policías confiscaron el dispositivo y los DVR de negocios cercanos, intentando borrar evidencias y obstruir la investigación.
El Ministerio Público también indica que los acusados llamaron a propietarios de establecimientos cerrados para exigir los equipos de grabación, lo que evidencia un intento de alterar la escena y ocultar información clave.
La calificación jurídica provisional incluye los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores y homicidio voluntario. La audiencia se celebrará en la jurisdicción de atención permanente del Palacio de Justicia de Santiago, donde se presentarán pruebas y argumentos para sustentar la prisión preventiva.
Familiares de las víctimas han solicitado que se imponga la máxima sanción posible y que se haga justicia por lo que consideran una ejecución extrajudicial. El caso ha causado gran conmoción en Santiago y en todo el país, reavivando el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial y la necesidad de reformas en la institución.
