Autoridades desconocen la cifra exacta de intoxicados en escuelas
Las autoridades del Ministerio de Educación informaron que están llevando un registro de los casos de intoxicaciones reportados en las escuelas de distintas provincias del país, aunque aún no cuentan …
Las autoridades del Ministerio de Educación informaron que están llevando un registro de los casos de intoxicaciones reportados en las escuelas de distintas provincias del país, aunque aún no cuentan con una cifra exacta.
María Brito, procuradora fiscal de Medio Ambiente en San Francisco, señaló que, debido a estos casos, ya se han dictado sentencias condenatorias, algunos implicados están bajo medidas de coerción y otros están en la fase final de investigación para recopilar pruebas y presentar medidas cautelares.
Brito explicó que, en conjunto con otras instituciones, se han realizado inspecciones en los entornos escolares afectados. Como parte de estas acciones, se ha solicitado la colaboración de directores y docentes para determinar si ha habido incumplimientos en las normativas.
En el caso específico de la provincia Duarte, la procuradora indicó que tienen identificadas al menos siete escuelas con mayor incidencia de denuncias, por lo que las investigaciones se han focalizado en estos centros y ya se han recopilado datos relevantes.
Por su parte, Alexandra Oviedo, representante del Departamento de Gestión Ambiental y Riesgo del Ministerio de Educación (Minerd), informó que desde el 7 de enero, cuando se recibió la primera denuncia de este año, se han registrado casos en las regionales 05 (provincia La Vega), 06 (San Francisco de Macorís) y 16 (Cotuí).
“Hasta ahora, hemos identificado entre 17 y 24 centros educativos afectados”, precisó Oviedo, aunque aclaró que aún falta determinar el total de la población impactada.
La viceministra de Educación, Ancell Scheker, encargada de los Servicios Técnicos y Pedagógicos, señaló que están al tanto de otros casos, como los reportados en la provincia Duarte, y que estos serán considerados en las próximas acciones.
“En San Francisco de Macorís hay cuatro centros educativos afectados, mientras que en zonas como La Vega y Bonao también se han registrado episodios, aunque con menor recurrencia que en San Francisco”, agregó Scheker.
Cabe destacar que estos datos corresponden únicamente a los casos registrados en lo que va del año 2025.
Medidas y sanciones
Las declaraciones de los representantes de las distintas instituciones se dieron en el marco del anuncio de nuevas medidas para abordar esta problemática.
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que las 40 direcciones provinciales de salud están realizando visitas a los centros educativos donde se han presentado estos incidentes, acompañadas de personal médico y otras entidades regionales, con el objetivo de documentar y evaluar cada caso.
Atallah subrayó que se lleva un registro detallado de las personas afectadas, garantizando seguimiento y respuesta oportuna. “No solo se monitorean eventos de intoxicación, sino cualquier otra eventualidad que pueda afectar la salud de los estudiantes”, puntualizó.
En cuanto a las sanciones, el ministro explicó que, en coordinación con los ministerios de Medio Ambiente, Educación, Agricultura, Interior y Policía, la Procuraduría General de la República y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se tomarán medidas legales contra los responsables de fumigaciones ilegales que pongan en riesgo la salud, especialmente en zonas escolares.
Sobre el uso de drones para fumigar, Atallah indicó que aún no existe una regulación clara, lo que representa un riesgo. Ante esta situación, las autoridades implementarán un sistema de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las normativas y proteger a la población.
A partir de la próxima semana, las entidades involucradas pondrán en marcha una “Misión Operativa” en las áreas de mayor riesgo, priorizando aquellas donde ya se han reportado incidentes.
Asimismo, el Ministerio de Interior y Policía se sumará a este operativo, coordinando con las autoridades locales y fuerzas del orden para supervisar y controlar las fumigaciones ilegales en comunidades y alrededores de las escuelas.
