Brasil: políticos podrían enfrentar una justicia más rápida
En 2012, la fiscalía de Brasil acusó a Marcos da Rocha Mendes de repartir carne y billetes de 50 reales (15 dólares) para asegurar su elección como alcalde de Cabo Frío, una ciudad del la costa sureste del país, cuatro años antes. Un tribunal electoral regional aceptó los cargos en 2013. Pero el caso pasóContinue reading “Brasil: políticos podrían enfrentar una justicia más rápida”
En 2012, la fiscalía de Brasil acusó a Marcos da Rocha Mendes de repartir carne y billetes de 50 reales (15 dólares) para asegurar su elección como alcalde de Cabo Frío, una ciudad del la costa sureste del país, cuatro años antes.
Un tribunal electoral regional aceptó los cargos en 2013. Pero el caso pasó a una corte menor y después al Supremo Tribunal Federal de Brasil, que comenzó a discutirlo el año pasado. Seis años después de que se presentase la acusación, la principal corte del país decide si el caso debería pasar a otro tribunal.
Este es el “foro privilegiado”, o capacidad procesal preferente, en el trabajo, un concepto legal que da a casi 55.000 políticos brasileños en activo el derecho a que los casos en su contra sean juzgados por un tribunal superior. Está pensado para proteger a los funcionarios de pesquisas con motivaciones políticas, ya que los casos llegan a magistrados más experimentados, pero se ha convertido en una protección eficaz que evita las condenas a los altos cargos de una nación que ha hecho grandes avances contra la impunidad con la vasta investigación anticorrupción “Autolavado”.
“Es exactamente la gente que está más expuesta al riesgo de corrupción, a actividades ilegales contrarias al interés general, los que están protegidos por este sistema”, señaló Bruno Brandao, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil. “Es un motor de la impunidad en Brasil”.
El fallo del Supremo Tribunal Federal sobre el caso de Mendes podría cambiar todo esto, limitando de forma drástica la generosa interpretación actual de esta posición privilegiada y, por tanto, exponiendo potencialmente a los políticos a una justicia mucho más rápida.
El dictamen podría producirse como pronto el miércoles, aunque en sesiones anteriores los magistrados pidieron más tiempo para analizar el caso. Por el momento, en una votación preliminar ocho de los 11 jueces se mostraron a favor de algún tipo de restricción.
Limitar la capacidad procesal preferente supondría un importante impulso para la masiva Operación Autolavado, en la que la fiscalía alega que el gobierno del país funcionó como un cártel durante años, con políticos concediendo favores y contratos estatales a cambio de sobornos y contribuciones a sus campañas. La pesquisa sacudió el sistema político y puso a docenas de poderosos entre rejas, incluyendo algunos de los más adinerados del país.
Pero pese a los éxitos de la investigación, los altos cargos políticos que tienen derecho a que los casos en su contra sean revisados por el Supremo Tribunal Federal han quedado fuera de su radar. La mayor parte de los acusados más conocidos de la pesquisa son empresarios.
Esto se debe, al menos en parte, a este estatus privilegiado que hace que las denuncias contra políticos languidezcan en el sistema judicial porque, cada vez que el acusado cambia de cargo, su posición cambia también y el caso pasa a una nueva corte.
En los cuatro años desde que se inició la pesquisa, la corte suprema no ha dictado todavía ningún fallo en el caso Autolavado. Por el contrario, los tribunales de primera instancia tradicionales han condenado a 160 personas, según la fiscalía federal. Dos de ellas son el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que aunque en su día estuvieron entre los políticos con más poder de la nación, perdieron su estatus al dejar sus cargos y fueron juzgados en cortes ordinarias.
Los partidarios de eliminar o restringir la capacidad procesal preferente señalan que atasca el sistema legal y que alarga los procesos durante años.
Este privilegio se aplica actualmente a cualquier tipo de infracción, desde incumplir las normas presupuestarias a asesinato. Su aplicación depende también del cargo actual del acusado, no del que tenía en el momento en que cometió el presunto delito. Esto deriva en lo que se conoce como el “ascensor legal”, por el que los casos se mueven arriba y abajo en la jerarquía judicial a medida que los políticos cambian de cargo.
Esto es lo que le ocurrió a Mendes, que era alcalde cuando fue acusado, pero luego dejó el cargo y el año pasado se convirtió en legislador federal. Con cada cambio de empleo, la denuncia cambió también de corte. Ahora vuelve a ser alcalde, por lo que es probable el Supremo Tribunal Federal, que solo atiente casos contra legisladores federales, determine que el proceso no le compete.
El juez Luis Roberto Barroso, que supervisa este caso en el alto tribunal, dice que este fuero es un desastre para Brasil y añade que el “sistema está diseñado para no funcionar”.
Según Barroso, los políticos sin escrúpulos han aprendido el juego del cambio de cargo: si es probable que un caso llegue al Supremo Tribunal Federal, un legislador podría renunciar a su puesto, lo que obliga a que la acusación pase a una corte menor y a que el proceso arranque de nuevo.
Quienes critican estos privilegios alegan además que son muy amplios. Las decenas de miles de políticos que se benefician de este estatus pueden hacer que sus casos se juzguen en un tribunal más alto que en el que empiezan los casos contra los ciudadanos de a pie.
El centro del problema, sin embargo, son los más de 850 políticos _ la mayoría de ellos legisladores federales _ que tienen derecho a ser oídos en el Supremo Tribunal Federal. Esta situación agrava la ya pesada carga que asume la corte más alta del país, que el año pasado recibió más de 100.000 casos y emitió más de 13.000 fallos. A la Corte Suprema de Estados Unidos, por contra, llegan unos 7.000 casos al año y falla sobre entre 100 y 150.
El resultado es que los juicios a los altos cargos brasileños acaban avanzando muy lentamente, y a menudo prescriben antes de que se dicte el veredicto.
La capacidad procesal preferente está incluida en la Constitución, por lo que solo un cambio en la Carta Magna puede reducir el número de políticos que se benefician de ella. Una de estas enmiendas está avanzando en el Congreso, pero no está claro si los legisladores federales _ de los cuales al menos un 40% enfrenta pesquisas _ estarán dispuestos a pronunciarse en su contra.
Mientras tanto, Barroso propuso limitar este privilegio en el próximo fallo de la corte para que se aplique solo a supuestos delitos cometidos durante el tiempo que el político pasa en el cargo o que están relacionados con el ejercicio de esas labores. Un informe elaborado por investigadores de la Universidad Fundaçao Getúlio Vargas señaló que el 95% de los casos afectados por la capacidad procesal preferente que llegaron al Supremo Tribunal Federal entre 2007 y 2016 habrían regresado a cortes menores según esta interpretación.
“Esto podría ser un gran golpe contra la impunidad”, dijo Brian Winter, redactor jefe de la revista Americas Quarterly, acerca de la posibilidad de limitar los privilegios. “Reduciría enormemente el número de personas que pueden estancar y retrasar sus juicios hasta la eternidad”.
