Continúan variación de coerción a imputados en caso Antipulpo
El exfiscalizador del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Aquiles Alejandro Cristopher, quien se encontraba confinado en su residencia bajo arresto domiciliario, desde hoy podrá moverse hasta 5 kilómetros a la redonda, conforme lo dispuso ayer la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El exfiscalizador del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Aquiles Alejandro Cristopher, quien se encontraba confinado en su residencia bajo arresto domiciliario, desde hoy podrá moverse hasta 5 kilómetros a la redonda, conforme lo dispuso ayer la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En lo adelante, el exfuncionario imputado en el caso de corrupción, denominado Antipulpo, podrá salir de su casa tres (3) días a la semana, pero solamente para ejercitarse, visitar al médico y a familiares, dentro del área establecida.
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Según la defensa, encabezada por los abogados Domingo Hiciano y Alan Cristopher, los jueces del tribunal decidieron variar la medida de coerción al imputado, por su condición de salud y edad, “y porque la acusación en su contra y las circunstancias han variado”.
Indicaron que su cliente “ya no está acusado de lavado de activos ni de sobornos ni de robo ni de enriquecimiento ilícito”.
Agregaron que además “hay imputados con acusaciones más graves, y están en libertad; y otros también tienen permiso de salida”.
Se recuerda que inicialmente Cristopher guardaba prisión preventiva, y le fue variada a él y a otros dos imputados. por arresto domiciliario, por estar colaborando con el Ministerio Público.
Ayer le tocaba revisión obligatoria de la última medida, y los jueces de la tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, decidieron flexibilizarla.
Son ellos los magistrados Nancy Joaquín, quien lo preside; Daniel Nolasco y Mariana García.
El caso Antipulpo tiene 48 imputados (27 personas y 21 empresas), siendo el principal de ellos Juan Alexis Medina Sánchez, quien según la acusación del Ministerio Público, era la cabeza del entramado societario que estafó al Estado dominicano con unos RD$4,500 millones.
