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El País

Defensa admite hechos presentados por el Ministerio Público en audiencia preliminar de las operaciones Coral y Coral 5G

El fiscal Emmanuel Ramírez sostuvo la noche de este viernes que las defensas de los acusados de las operaciones Coral y Coral 5G siguen sin desvirtuar la acusación por corrupción administrativa presentada por el Ministerio Público, por lo que dijo es seguro que se dictará auto de apertura a juicio contra todos los procesados.

Redacción Telenoticias • March 18, 2023 8:43 am
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Fiscal Emmanuel Ramírez dijo que el Ministerio Público está confiado en que se dictará auto de apertura a juicio

Santo Domingo. –El fiscal Emmanuel Ramírez sostuvo la noche de este viernes que las defensas de los acusados de las operaciones Coral y Coral 5G siguen sin desvirtuar la acusación por corrupción administrativa presentada por el Ministerio Público, por lo que dijo es seguro que se dictará auto de apertura a juicio contra todos los procesados.

“Esta acusación es tan contundente que en el día de hoy una de las defensas hizo una defensa positiva admitiendo los hechos presentados por el Ministerio Público”, recalcó el fiscal litigante de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

“En el día de hoy nosotros continuamos escuchando a las defensas, sus argumentos, las cuales de ninguna forma desvirtúan la acusación presentada por el Ministerio Público”, dijo en declaraciones a la prensa que lo entrevistó luego de concluida la audiencia que se conoce en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Se mostró confiado en que el tribunal acogerá todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

“Ellos (las defensas) no han atacado de ninguna forma la utilidad, la pertinencia y la legalidad de los elementos de prueba, es por eso que nosotros estamos más que seguros que obtendremos un auto de apertura a juicio con la admisión de todos los elementos de prueba”, enfatizó.

Ramírez representó al Ministerio Público en la audiencia junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Marinel Brea y Jonathan Elías Pérez.

En la audiencia de este viernes presentaron sus argumentos, entre otras, la empresa Rauel, que se adhirió a la acusación, así como la del general Juan Carlos Torres Robiou y la de Pedro Nolasco Castillo.

La audiencia inició pasadas las 10:00 de la mañana y concluyó en horas de la noche.

La jueza Yanibet Rivas Méndez, quien continúa escuchando los alegatos de la barra de la defensa de los acusados por el Ministerio Público en este proceso judicial, aplazó la audiencia para el próximo lunes 20 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.

Hasta el momento, más de 19 defensas han presentado sus argumentos respecto a la acusación del Ministerio Público.

En esta etapa del proceso el tribunal deberá decidir si envía o no a juicio a los acusados.

En el proceso, el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.

Entre los acusados de la Operación Coral, además de Cáceres Silvestre, también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).