Defensa de Donald Guerrero asegura que pago de RD$21 mil millones a Banreservas fue legal y sin salida de fondos del Estado
“El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude: es transparencia y contabilidad pública”, afirmó la defensa.
Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, afirmaron que el pago de RD$21 mil millones realizado a Banreservas en 2020 constituyó una obligación legal del Estado dominicano y una operación estrictamente interinstitucional, sin que implicara transferencia alguna de recursos a contratistas ni salida de fondos estatales.
Eduardo Núñez, abogado del exministro, explicó que el desembolso se efectuó del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.
“El único receptor del pago fue Banreservas. No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó Núñez.
La defensa resaltó que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, confirmando su carácter plenamente institucional. Señalaron que Donald Guerrero no creó, administró ni operó dicho programa, cuya ejecución financiera correspondió exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Según Núñez, lejos de generar pérdidas al Estado, la operación fue registrada oficialmente como reducción de pasivos públicos, liquidando compromisos financieros acumulados.
“El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude: es transparencia y contabilidad pública”, afirmó la defensa.
Toda la operación, según los abogados, está documentada en registros oficiales como el ERIR 2020, el SIGEF y la contabilidad pública, describiéndose como una liquidación de compromisos interestatales.
La defensa enfatizó que es jurídicamente imposible hablar de lavado de activos, ya que los fondos eran públicos, lícitos y transferidos entre entidades estatales. Además, tras más de cinco años de investigación, no existe evidencia que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de fondos o beneficio personal.
“No ejecutar este pago habría implicado violar la ley; hacerlo fue cumplir con una obligación institucional del Estado”, concluyó Núñez, anunciando que estos elementos serán presentados ante el tribunal del caso contra los tres exministros.
