El Defensor del Pueblo dominicano consideró este viernes que las acusaciones de Amnistía Internacional (AI) sobre políticas migratorias racistas hacia los haitianos «no reflejan con precisión los esfuerzos y logros» alcanzados e invitó a que cualquier caso concreto al respecto «sea presentado de manera formal» y el mismo recibirá «una respuesta responsable».
En su contestación a Amnistía Internacional, el Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa, indicó que la prioridad «es y siempre será el bienestar de nuestro pueblo, actuando en defensa de los derechos y bajo el respeto a nuestra Constitución y nuestras instituciones» y agregó que en esa dirección continuará «sin aceptar presiones o valoraciones externas que no reconozcan nuestra realidad y nuestro progreso».
«La defensa de los derechos humanos en nuestro país es, y seguirá siendo, una responsabilidad asumida con seriedad y compromiso, basada en el respeto mutuo y la soberanía nacional», añadió.
Para el Defensor del Pueblo, «las observaciones realizadas por Amnistía Internacional no reflejan con precisión los esfuerzos y logros que hemos alcanzado como nación. Si bien reconocemos que aún existen áreas de mejora, es fundamental destacar que nuestro compromiso con los derechos fundamentales no es negociable».
Por ello, invitó a que «cualquier caso concreto sea presentado de manera formal» y garantizó que «recibirá una respuesta responsable, coherente con los principios que han caracterizado la vida y el compromiso con la justicia y la equidad, de su titular y el equipo que conforma este órgano constitucional».
Afirmó que República Dominicana «ha demostrado, a lo largo de su historia, su capacidad para enfrentar desafíos y avanzar en la construcción de una sociedad más justa y digna para todos los seres humanos».
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208,166 personas haitianas, de ellas más de 20,000 adolescentes, niñas y niños, mientras que en lo que va de año el Gobierno dominicano ha deportado a 98,594 personas, entre ellas más de 5,000 menores
Ya ayer el Ejecutivo dominicano rechazó las acusaciones y la vicepresidenta del país, Raquel Peña, dijo que lo que se hace es defender la soberanía.
Si bien señaló que los organismos internacionales «pueden decir lo que ellos quieran decir», les exigió que «respeten la soberanía nacional y las políticas» dominicanas, que «nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan».
