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El País

Dictan medidas de coerción contra dueña de Neptuno’s

Santo Domingo.- El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra la empresaria Avis Altagracia Soto Mercedes, propietaria y gerente de la empresa Casa Club Neptuno’s, al identificar elementos que la vinculan a una estructura de fraude fiscal en perjuicio del Estado dominicano. El magistrado José AlejandroContinue reading “Dictan medidas de coerción contra dueña de Neptuno’s”

Redacción Telenoticias • June 7, 2018 11:33 pm
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Santo Domingo.- El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra la empresaria Avis Altagracia Soto Mercedes, propietaria y gerente de la empresa Casa Club Neptuno’s, al identificar elementos que la vinculan a una estructura de fraude fiscal en perjuicio del Estado dominicano.

El magistrado José Alejandro Vargas dictó contra la imputada impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica ascendente a un millón de pesos.

A Soto Mercedes se le vincula con Jesús Alberto Tavares, Franklin Rosario Vicente, Wisler Ramón Lantigua, quienes se encuentran sujetos a medida de coerción consistente en prisión preventiva, y a Marlenys Sánchez, en seguimiento electrónico y presentación periódica.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sometió a la justicia al grupo por deducir impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias y empresas reales, a las que le sustrajeron la secuencia de numero de comprobantes fiscales utilizados en el fraude, ascendente a los RD$ 150 millones de pesos aproximadamente.

De acuerdo con la acusación, la empresaria, en su calidad presidenta y gerente de Casa Club Neptuno’s, se beneficiaba de esta estructura criminal compuesta por todos los imputados antes mencionados, dedicaba a la defraudación fiscal, falsificación de facturas, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros tipos penales.

La DGII comunicó que apeló a las vías legales para salvaguardar el principio de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias y que no incurran en malas prácticas que constituyen violaciones al Código Tributario, la Ley contra Lavado de Activos y otras normativas.