“Existe la voluntad de que se establezcan todos los controles necesarios para que absolutamente nadie utilice bienes del Estado”
Santo Domingo. –El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Eddy Olivares, advirtió que existe la firme voluntad de establecer controles para impedir que se utilicen los recursos del Estado para sacar ventajas en las elecciones internas de esa organización.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, adelantó que el PRM colaborará con la Junta Central Electoral en el cumplimiento de esa disposición.
“De modo que es un aporte significativo al fortalecimiento de la democracia, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, antes esas eran demandas de la oposición y de la sociedad civil”, significó.
El vocero perremeísta planteó que como lo reclamaban en la oposición, ahora que debe garantizarse la integridad de las elecciones para la consolidación de la democracia.
Dijo que por primera vez en la historia democrática del país un partido político es el que asume el discurso de garantizar el cumplimiento del artículo 11 de la Constitución, en cuanto a que las elecciones sean objetivas, libres, transparentes y equitativas.
Olivares sostuvo que el PRM ha asumido ese mandato y colaborará en todo lo que sea necesario con la JCE para que se cumpla.
“Existe la firme voluntad del propio presidente de la República, como líder y jefe de la administración, en su condición de jefe de gobierno, existe la voluntad de que se establezcan todos los controles necesarios para que absolutamente nadie utilice bienes del Estado, ni tampoco se prevalezca de ellos para apoyar o sacar ventajas electorales en las elecciones internas del partido”, subrayó.
Afirma que 16 partidos políticos respaldan la resolución de la JCE sobre las reservas de candidaturas
El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Eddy Olivares, afirmó que la Junta Central Electoral (JCE) debe fallar lo antes posible la petición formulada por los partidos políticos en contra de la resolución que establece las reservas de candidaturas por nivel, para las próximas elecciones.
“Ya el plazo establecido en la ley para la presentación, por parte de los partidos políticos, de las reservas que van a hacer uso de ellas para las próximas elecciones tiene que producirse antes del inicio de la precampaña electoral”, adujo.
El ex magistrado de la JCE recordó que ese plazo se cierra el domingo primero de junio, para que las organizaciones políticas depositen sus propuestas de reservas.
Estima que la semana que viene la Junta ya estará dando respuesta a la formulación hecha, por una parte, de partidos políticos de la oposición.
Sin embargo, observó que no todos los opositores están en contra de la decisión porque 16 partidos políticos depositaron un documento en la JCE manifestando que respaldan la decisión del organismo sobre las reservas de candidaturas.
Calificó como desafortunada y contraria a la institucionalidad democrática la exigencia hecha por un grupo de partidos políticos a la JCE, de que cambie la resolución porque con una decisión de esa naturaleza desacata una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Olivares saludó el retiro de la amenaza de no participar en las elecciones del año próximo de partidos de la oposición, en protesta por la resolución de la Junta Central Electoral de establecer la reservación de candidaturas por nivel.
Consideró que errar es de humano y reconocer el error de sabio, por lo que es importante la rectificación de la advertencia, que no está acorde con la realidad que vive el país.
“De modo que fueron declaraciones desafortunadas producto de la desesperación del momento que nunca el liderazgo de esos partidos iba a asumir como tal”, adujo.
Consideró que República Dominicana es un referente de comportamiento, calidad y estabilidad de la democracia.
El jurista afirmó que la decisión de la JCE está fundamentada en una sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral, como consecuencia de una acción interpuesta por un miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el año 2019.