El BID se compromete a promover sistemas alimentarios resilientes para garantizar la seguridad alimentaria

El BID se compromete a promover sistemas alimentarios resilientes, sostenibles e inclusivos para garantizar la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe 

El BID considera que garantizar la seguridad alimentaria para la población de América Latina y el Caribe (ALC) es fundamental para el desarrollo de la región. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que permitan satisfacer sus necesidades alimenticias para el desarrollo de una vida saludable (FAO). La seguridad alimentaria comprende cuatro dimensiones:  

•  Disponibilidad de alimentos (es decir, suministro/oferta de alimentos) 
• Acceso a los alimentos (es decir, recursos financieros necesarios para obtener alimentos) 
• Estabilidad alimentaria (es decir, tener acceso y disponibilidad constantes de alimentos) 
• Uso de los alimentos (es decir, tener acceso a alimentos saludables, seguros y comida nutritiva) 

La inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC) se ha convertido en un problema estructural agravado por crisis recientes, como la pandemia del COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y por el actual contexto de cambio climático.  

• ALC fue la única región que logró el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la proporción de personas con hambre entre 1990 y 2015. Sin embargo, desde entonces se  produjo un aumento significativo en el número de personas que enfrentan hambre e inseguridad alimentaria. 
• En 2023, el 38% de la población de la región padeció inseguridad alimentaria (lo que supone un total de 247,8 millones de personas) y el 7% (43 millones de personas) enfrentó hambre. (FAO). 

Los principales factores asociados a la inseguridad alimentaria en ALC son la pérdida de ingresos, la desigualdad y el aumento en el precio de los alimentos. Estos tres factores han restringido el acceso a alimentos saludables. 

La pandemia del COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania han incrementado la pobreza y creado presiones inflacionarias provocadas por aumentos en los precios de los alimentos, combustibles fósiles y fertilizantes. Desde principios de 2021,  la región ha percibido una suba generalizada del costo de los alimentos. . Se estima que, comparado con los niveles previos a la pandemia, el valor de las importaciones de alimentos   aumentó en más del 50%. Este incremento  ha afectado, principalmente, a los países que son importadores netos. En ALC, 10 países son importadores netos de alimentos y más de 20 son importadores netos de maíz y trigo. 

La región enfrenta desafíos importantes en cuanto al uso de alimentos.  Alrededor del 11% de los niños sufre retraso del crecimiento y el 24% de los adultos padece obesidad. Además, ALC es la región con el costo más alto para acceder a una dieta saludable (US$4,08 por persona al día vs US$3,60 mundial). En consecuencia, el 24% de la población no puede costear el acceso a una alimentación saludable (50% Caribe, 28% Centroamérica y 20% Sudamérica). 

El cambio climático representa una amenaza a la seguridad alimentaria. Los eventos climáticos provocan que la región presente una alta variabilidad en la oferta y el acceso a alimentos saludables. Asimismo, el cambio climático genera impactos en la productividad agrícola, en los precios de los alimentos, en la infraestructura crítica y en los ingresos de las poblaciones más pobres.  

La inseguridad alimentaria tiene efectos negativos en todas las fases de la vida de la persona y en diversas esferas. En concreto, provoca un menor desarrollo físico y cognitivo en la infancia, aumento de enfermedades crónicas en la edad adulta, menor productividad y empleabilidad laboral, más problemas de salud mental, mayor mortalidad y aumento de costos para los sistemas de salud. Por esto, es fundamental tomar medidas que generen sistemas alimentarios resilientes, sostenibles e inclusivos.  

Soluciones que propone el BID  

Los objetivos principales de la política alimentaria en América Latina y el Caribe  deben focalizarse en:   

• (i) Incrementar el acceso a alimentos con un enfoque en las poblaciones vulnerables a la inseguridad alimentaria como mujeres, niños, pueblos indígenas y afrodescendientes. Brindar apoyo específico a las poblaciones vulnerables para satisfacer las necesidades alimentarias, a través de la expansión vertical y horizontal de las redes de protección social y transferencias de efectivo, y del incremento  en la cobertura y calidad de los programas de alimentación escolar. Todo ello, en combinación con intervenciones productivas de la agricultura familiar para mejorar los ingresos en las áreas rurales.  
• (ii) Promover la producción sostenible de alimentos. Generar una agricultura resiliente al clima para  aumentar la productividad agropecuaria y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales, a través de la inversión en bienes públicos agrícolas (i.e. infraestructura, riego, investigación agropecuaria) y la adopción de tecnologías y prácticas agrícolas climáticamente inteligentes. 
• (iii) Mejorar la disponibilidad y el acceso a dietas saludables. Abordar la triple carga de la malnutrición que enfrenta la región (desnutrición, obesidad y deficiencia de micronutrientes). Para ello, son necesarias políticas sociales y agrícolas que incentiven la producción de alimentos nutritivos y reduzcan el costo de acceso a dietas saludables. En este sentido, se deben considerar inversiones en información de precios de alimentos e insumos, acciones para acceder a micronutrientes básicos, inversiones en agua y saneamiento, intervenciones agrícolas sensibles a la nutrición y el fortalecimiento de los servicios de inocuidad agropecuaria. 
• Incrementar la estabilidad de los alimentos: reducir la variabilidad en la disponibilidad y el acceso a los alimentos requiere de inversiones que promuevan la diversificación productiva y comercial, adopción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes, fortalecimiento de los sistemas de sanidad agropecuaria, la facilitación del comercio y el mejoramiento de la resiliencia de los sistemas logísticos. 

En definitiva, el BID considera que, para enfrentar la inseguridad alimentaria, es crucial implementar políticas sociales y de desarrollo del sector agrícola que promuevan sistemas agroalimentarios resilientes, sostenibles e inclusivos. 

Es especialmente importante impulsar las inversiones en investigación e innovación agrícolas. Para esto es fundamental apoyar las redes de investigación e innovación agrícola en  la región. Los principales centros de investigación agrícola internacionales y regionales deben desempeñar un papel central,  trabajando estrechamente con los sistemas nacionales de investigación y el sector privado. Esta colaboración fomentará una sólida dinámica de mercado y abordará las necesidades de la población local, siguiendo un enfoque ascendente. La evidencia muestra que, por cada dólar invertido en investigación agropecuaria, se obtienen entre 10 y 30 dólares en beneficios. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región se invierte menos del 1% del PIB agrícola  en investigación agropecuaria.   

Ejemplos de operaciones / Iniciativas:

• Entre 2020 y 2022, el BID aprobó 52 proyectos que contribuyen al ODS 2 de “Hambre Cero”, generando impactos en más de 800.000 productores agrícolas. 
• El Banco genera alto valor agregado, a través de la provisión de asistencia técnica y el desarrollo de productos de conocimiento. Esto incluye evaluaciones de impacto que miden la efectividad de nuestros proyectos en la seguridad alimentaria. 
• Durante la pandemia, el BID implementó procesos fast track para procesamiento de operaciones estandarizadas con el fin de mitigar los efectos inmediatos del COVID-19. Esta iniciativa se tradujo en transferencias monetarias por valor de US$3,4 mil millones en 16 países de ALC.  
• Actualmente,  el BID está impulsando  iniciativas basadas en evidencia que apuntan a mejorar la seguridad alimentaria en varios países de la región, incluidos Panamá, Haití, Perú, República Dominicana y Colombia.  
• En Bolivia, por ejemplo, el BID está apoyando inversiones que superan los US$300 millones en sanidad agropecuaria, infraestructura de riego y transferencia de tecnología dirigidas a mujeres y pequeños agricultores. Las evaluaciones de impacto confirman la eficacia de estas intervenciones para mejorar la seguridad alimentaria. 

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