Destitución en Perú pone en duda cruzada anticorrupción

Telenoticias

BOGOTÁ — Cuando el Congreso peruano destituyó de la presidencia a Martín Vizcarra, puede que haya hecho algo más que derrocar a un líder popular: probablemente puso en suspenso la mejor oportunidad para atacar a la corrupción que corroe el país sudamericano.

Vizcarra se había convertido en el más firme defensor de las medidas para poner fin a décadas de política sucia. En 2019 disolvió el Congreso luego de que los legisladores obstaculizaran los esfuerzos para frenar la corrupción y reformar la justicia. También intentó acabar con la inmunidad legislativa.

Puede que no haya logrado impulsar un cambio importante –y ahora está bajo investigación fiscal por presunta corrupción– pero muchos peruanos vieron a Vizcarra como líder de una campaña aún incipiente para hacer responsables a los poderosos. Furiosos por su destitución el lunes, miles han protestado desde entonces, negándose a reconocer al nuevo gobierno.

“Desde el punto de vista político, él era el rostro de la resistencia”, dijo Alonso Gurmendi, analista político y profesor asistente de la Universidad del Pacífico de Perú. “Creo que no veremos muchos esfuerzos anticorrupción en este Congreso”, añadió.

En una región donde el soborno es común, Perú ha ido más lejos que la mayoría de los países latinoamericanos en los últimos años en la investigación de líderes de alto rango.

Todos los expresidentes vivos están siendo investigados o han sido acusados de cargos de corrupción. Todos, menos uno, han sido vinculados al masivo escándalo de Odebrecht, en el que el gigante brasileño de la construcción ha admitido haber repartido millones en sobornos a cambio de contratos de obras públicas. El otro, Alberto Fujimori, está cumpliendo una sentencia de 25 años por corrupción y por los asesinatos de 25 peruanos durante su administración de 1990-2000. Y esos son únicamente los casos que involucran a jefes de Estado.

El lunes, horas antes de ser destituido, Vizcarra enrostró a los legisladores y les dijo que 68 de ellos tienen investigaciones en la fiscalía por acusaciones que van desde el lavado de dinero hasta el homicidio. El nuevo presidente, Manuel Merino, ha sido cuestionado por su posible nepotismo en la concesión de 55.000 dólares en contratos estatales otorgados a su madre y dos hermanos cuando era legislador, aunque él niega haber cometido un delito.

“¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, preguntó Vizcarra a los legisladores que lo abuchearon y golpearon sus carpetas indignados.

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