Gobierno debe reorientar políticas públicas de juventud
El Partido de la Liberación Dominicana demandó del gobierno la reorientación de las políticas públicas de juventud, que impliquen la reorientación de la enseñanza técnica y de la oferta laboral al teletrabajo; retomar los programas de asistencia social iniciados por el PLD; la reactivación de la intermediación laboral y de las alianzas público-privadas , para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes dominicanos e impulsar su bienestar y el desarrollo del país.
Los jóvenes fueron los más afectados por la pandemia. 49 % de la juventud dominicana ni estudia ni trabaja.
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana demandó del gobierno la reorientación de las políticas públicas de juventud, que impliquen la reorientación de la enseñanza técnica y de la oferta laboral al teletrabajo; retomar los programas de asistencia social iniciados por el PLD; la reactivación de la intermediación laboral y de las alianzas público-privadas , para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes dominicanos e impulsar su bienestar y el desarrollo del país.
Las declaraciones fueron emitidas en el panel Políticas Públicas de Juventud, realizado por el PLD a través de su canal de YouTube “PLD en Línea”; que fue moderado por Guarocuya Félix, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del PLD; e integrado por los miembros del Comité Central Jorge Minaya, ex ministro de la Juventud; Anina del Castillo, subsecretaria de Industria y Comercio; y Yulibelys Wandelpool, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del PLD.
Los dirigente peledeístas coincidieron en que son necesarias nuevas políticas públicas orientadas a la juventud, debido a que con la pandemia Covid-19 y el contexto internacional, el mundo ha cambiado.
Expresaron que el mercado de trabajo global se ha orientado a la tecnificación y al teletrabajo, por lo que urge reorientar la enseñanza curricular al uso de las tecnologías en el quehacer cotidiano.
Manifestaron que el gobierno no ha logrado incorporar mercado laboral a la cantidad de personas que trabajaban antes de la pandemia, especialmente a los jóvenes que fueron los más afectados al momento de prescindir de personal durante los momentos críticos generados por el COVID-19.
Jorge Minaya recordó que en la Conferencia sobre Población y Desarrollo de la ONU celebrada en El Cairo en 1991 varios países se comprometieron a promover una serie de políticas a favor de la Juventud para impulsar su desarrollo.
Dijo que en República Dominicana existe la Ley 49-2000 (Ley General de Juventud) que contempla el Órgano Nacional de Asesores de Juventud, en la que están todas instituciones que tienen que ver con temas transversales como la salud, deporte, cultura, género, empleo, educación, entre otras; y el Consejo de Juventud que lo componen jóvenes que trabajan temas sociales en las comunidades del país, y que se apoya en las Alcaldías para captar a esos jóvenes líderes comunitarios.
Apuntó que en el primer gobierno del presidente Danilo Medina hicimos varias evaluaciones con el Foro Nacional de Juventud y el Observatorio de Juventud, para determinar las necesidades de los jóvenes dominicanos determinando que los principales problemas era la falta de formación o la formación inadecuada, la exclusión social ( que incluye a los jóvenes en conflicto con la Ley y las adolescentes embarazadas) y la falta de experiencia, que son los tres determinante para los denominados “Ni, ni: ni trabajan ni estudian”.
“Por eso transformamos el programa tradicional de becas, en un programa de formación y capacitación para el empleo y el emprendimiento… el acceso a guarderías para los jóvenes con hijos y el acceso a microcréditos”, agregó.
Anina del Castillo señaló que las políticas públicas orientadas a la juventud son fundamentales para el desarrollo de los países, porque la mayor parte de la población dominicana es joven y necesita espacios y herramientas e iniciativas para seguir creciendo.
En tal sentido, indicó que en los gobiernos del PLD se crearon varias iniciativas importantes desde el punto de vista ministerial y transversal, entre los que se encontraban la formación técnico laboral, como marco regulador para que los jóvenes estuvieran preparados para su primer empleo; así como iniciativas como el Proyecto de Ley del Primer Empleo y La Ley Nacional de Emprendimiento y su estrategia de aplicación.
“Ahora, la situación de los jóvenes está cada vez peor, porque a dos años del gobierno de un partido que habló de cambios, que sí han habido cambios pero para atrás. Hoy da pena, jóvenes que no pueden hacer su pasantía porque la empresa les pide que ellos paguen el seguro de riesgos laborales y no tienen para hacer, lo que se facilitaba en los gobiernos del PLD”.
Yulibelys Wandelpool precisó que el marco regulatorio para definir políticas públicas para proteger y garantizar los derechos de los jóvenes en República Dominicano tienen su fundamento en la propia Constitución, en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-2012), que establecen todo un eje referido al tema de inserción de los jóvenes a los programas de tecnificación y de los sistemas del Estado.
Lamentó que las principales instituciones de educación técnica del Estado, como el INFOTEP y el ITSC, actualmente no se estén aprovechando y estén limitando el acceso de los jóvenes a sus programas, lo que vulnera y agudiza la situación económica y social que actualmente vive la juventud dominicana.
“El gobierno central y los gobiernos municipales, a través de los presupuestos participativos, deben crear medidas y políticas para garantizar el acceso de los jóvenes a los institutos de formación técnica y a los programas de pasantías o de primer empleo”, precisó la subsecretaria de Asuntos Jurídicos.
Expresó que a la salida del PLD del poder en el año 2020 la tasa de desempleo estaba en 15.5%; y hoy está en un 29 % en la población general y un 49 por ciento de los jóvenes ni trabajan ni estudian.
Sugirió que la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla un tema de alianzas que se puede desarrollar para mejorar la situación que hoy viven los jóvenes, así como involucrar al sector privado para reclutarlos y que puedan contribuir con la dinamización de la economía familiar y del país.
