Gobierno decreta plan de austeridad y reducción del gasto público
Santo Domingo – El Decreto presidencial 396-21 estableció considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, ag…
Santo Domingo – El Decreto presidencial 396-21 estableció considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones, con el fin de seguir enfrentando el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía nacional e internacional.
La disposición también alcanzó las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades y el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con contadas excepciones establecidas en el mismo.
Entre las medidas que destacaron se encuentra la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales, que no cuenten con autorización previa y la consecuente adquisición de boletos aéreos. De igual manera, quedaron prohibidas las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizadas.
En cuanto a los vehículos oficiales, quedó prohibido su uso durante fines de semana y días feriados.
Por otra parte, el decreto también estableció la racionalización en el uso de parte del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, para lo cual ordenó a los Ministros de Defensa e Interior y Policía una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas, servidores públicos u otros dignatarios, para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria.
En el caso específico de la Policía Nacional se ordenó la reducción del personal asignado a instituciones y funcionarios en un 50% para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
La responsabilidad del seguimiento y de velar por el cumplimiento de este decreto presidencial quedó a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República, según las informaciones obtenidas desde la Presidencia Dominicana.
