Imponen coerción a piratas informáticos que atacaron a periodista José Peguero
La Fiscalía del Distrito Nacional logró la imposición de medida de coerción contra dos piratas informáticos, acusados de violentar la cuenta de Google Adsense, desviar dinero y extorsionar al periodista José Peguero, en noviembre de 2020. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, impusoContinue reading “Imponen coerción a piratas informáticos que atacaron a periodista José Peguero”
La Fiscalía del Distrito Nacional logró la imposición de medida de coerción contra dos piratas informáticos, acusados de violentar la cuenta de Google Adsense, desviar dinero y extorsionar al periodista José Peguero, en noviembre de 2020.
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, impuso al imputado Elvin Antonio Yánez una garantía económica de 200 mil pesos, presentación periódica, impedimento de salida del país y asistencia a un club deportivo, mientras que Denise Hernández Santana, también encartada en el expediente, deberá pagar la garantía económica de 5 mil pesos.
Según el expediente instrumentado por la Fiscalía del Distrito Nacional, representado por la fiscal litigante Madeline Núñez Imbert, Yánez ingresó de manera ilícita a la cuenta de Gmail de la víctima, la cual estaba vinculada a su cuenta del servicio de publicidad digital Google Adsense y al canal de la plataforma de videos de nombre Ensegundos.net.
De acuerdo con la investigación realizada por la fiscal Marineldy Peña, el encartado cambió los datos de la cuenta a nombre de José Peguero por el de la también victimaria Denise Hernández Santana y con esto logró retirar, a través de una remesadora, una suma superior a los 2 mil 800 dólares.
La labor en conjunto entre los departamentos de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional y de la Policía Nacional permitió ubicar y allanar la vivienda en el sector San Carlos, donde se recabaron pruebas que fueron expuestas para lograr la medida de coerción solicitada por el órgano persecutor.
El Ministerio Público le otorgó al caso la calificación jurídica de acceso ilícito y obtención de fondos, según lo dispuesto en los artículos 6 y 14 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
