Santo Domingo.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas dictó tres meses de prision preventiva como medida de coerción a siete de los 11 acusados de la venta ilegal de terrenos del sector Los Tres Brazos.
La medida, que será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, fue dictada a los imputados Leoncio Almánzar Objío, exdirector de CORDE; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA y a José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC.
Asimismo, Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI, quien cumplirá la medida en Najayo Mujeres.
En tanto, impuso un pago de RD$500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica cada los lunes a Irving José Cruz Crespo, exconsultor Jurídico de esa entidad; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos y a los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
En este sentido, el Ministerio Público en un nota de prensa informó que el Tercer Juzgado de la Instrucción de la jurisdicción del Distrito Nacional, fue apoderado para la revisión de las medidas el próximo 25 de octubre del presente año.
También destacó que la empresa que compró las tres parcelas, cuyas operaciones inmobiliarias habrían sido desarrolladas por CORDE, fueron Inversiones Fernández Parache & Asociados (INFEPA), procediendo posteriormente esa misma empresa a vender parte de los terrenos a otra compañía, llamada TITULATEC. En esa transacción los mismos inmuebles que habían sido adquiridos por tan solo 80 millones de pesos al Estado dominicano fueron valorados esta vez en RD$200 millones de pesos.
El comunicado indica que las investigaciones iniciaron en el año 2016 luego que saliera a la luz pública que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) había vendido a una empresa privada las referidas tres parcelas de suelo público correspondientes al sector Los Tres Brazos, por la suma de RD$80 millones de pesos. Dicha negociación incluyó la venta de más de un millón de metros cuadrados donde existían 17,300 viviendas y casi 63.000 habitantes, además de servicios estatales básicos.
