Imponen prisión preventiva y arresto domiciliario a imputados en caso Senasa; proceso es declarado complejo
la decisión fue remitida al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, notificando a las partes que cuentan con 20 días para recurrirla, conforme al Código Procesal Penal.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió como regular y válida en cuanto a la forma la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público, encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a la procuradora Mirna Johanna Ortiz Fernández, el procurador general de corte de apelación Héctor Joel García Acevedo y un equipo de fiscales integrado por Rosa Alba García, Yudelka Holguín Liz, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría, Aurelio Valdez y Enmanuel Ramírez.
La solicitud fue presentada contra varios imputados, acusados de integrar un entramado que habría provocado un grave perjuicio al Estado dominicano, específicamente al Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como a otras entidades y personas afectadas.
Imputados y cargos
Entre los principales acusados figuran Santiago Marcelo Hazim Albany, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Ada Ledesma Ubiera.
A los imputados se les atribuyen graves violaciones penales, entre ellas:
Violación al artículo 146 de la Constitución, que proscribe la corrupción administrativa.
Asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación.
Estafa contra el Estado y desfalco.
Falsificación y uso de documentos falsos.
Soborno activo y pasivo, conforme a la Ley 448-06.
Lavado de activos, tipificado en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Proceso declarado complejo
El tribunal declaró el proceso como complejo, conforme al artículo 376 del Código Procesal Penal, autorizando así la aplicación de los plazos especiales de investigación previstos en la ley.
Medidas de coerción impuestas
En cuanto al fondo, el tribunal dictó medidas diferenciadas, atendiendo al grado de imputación de cada acusado:
Arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica de RD$1,000,000 fueron impuestos a Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, con instrucciones expresas al Ministerio Público de no retrasar permisos médicos o diligencias familiares urgentes.
A Eduardo Read Estrella se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país, también con facilidades para permisos debidamente justificados.
El tribunal ordenó medidas reales sobre varios inmuebles, incluyendo propiedades ubicadas en el Distrito Nacional, Higüey y Santiago, como parte del aseguramiento del proceso y de posibles responsabilidades económicas.
Se concedió un plazo de siete días a los imputados que se encontraban detenidos para pagar las garantías económicas, advirtiendo que, de no cumplir, serían trasladados a los centros de corrección de Najayo Hombres o Najayo Mujeres.
Se impuso prisión preventiva por 18 meses contra Santiago Marcelo Hazim Albany, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Asimismo, se ordenó prisión preventiva por 18 meses contra Ada Ledesma Ubiera, a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
Plazos y advertencias
El tribunal fijó la revisión obligatoria de la prisión preventiva para el 11 de marzo de 2026 a las 9:00 de la mañana.
Además, advirtió al Ministerio Público que dispone de un plazo máximo de ocho meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.
Las medidas de arresto domiciliario también tendrán una duración máxima de ocho meses, salvo que un tribunal competente decida variarlas.
La decisión fue remitida al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, notificando a las partes que cuentan con 20 días para recurrirla, conforme al Código Procesal Penal.
La audiencia concluyó a las 10:03 de la noche del 14 de diciembre de 2025.
