Inicia audiencia de juicio de fondo contra Elizabeth Silverio

El primer testigo en ser presentado fue Juan Geraldo Mesa, director del Departamento de Habilitación de Centros del Ministeriode Salud Publica y Asistencia Social (MISPAS), con quien el Ministerio Público incorporó la documentación que hace constar la no existencia de habilitación del centro.

Posteriormente, expuso el consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública, Luis Manuel Tolentino, con quien fue incorporada la certificación emitida por la consultoria jurídica del Ministerio de Salud Pública que hace constar que la imputada no se encontraba registrada en ninguna de las áreas de la salud.

Por su parte, la Dra. Rosa Unathai Uribe Mota, víctima y querellante actor civil, habló de como conoció a la imputada, quien trabajó en un centro de su propiedad y por razones administrativa fue desvinlada del mismo.

Aunque confirmó que tuvo conocimiento de que Elizabeth Silverio no era profesional del área, Uribe Mota evitó detallar las razones de su despido escudada en un supuesto contrato de confidencialidad existente entre las partes.

Así mismo, declararon Reginaldo Alcántara Betances y su esposa, la diputada Yuderka de la Rosa Guerrero. Estos detallaron de forma separada cómo conocieron el centro, Rosa Guerrero explicó que le conoció durante una vista pública de la Comisión Bicameral del proyecto de ley del TEA, donde expuso como experta del área y, a recomendación inscribieron su hijo en el centro. Con ellos incorporaron recibos de pagos, acta de nacimiento del hijo y el informe neurocognitivo realizado al hijo en que está plasmado el falso exequátur y el sello que utilizaba la neurocientífica.

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Luego expuso Basilia Ortiz Nuñez, víctima y querellante, quien aseguró que la imputada le entregó un diagnóstico de asperger y, tras evaluarla en otro centro, la niña de 5 años fue diagnósticada con autismo moderado-severo que se complica por su condición de epilepsia y las convulsiones que esto le genera.

Al describir el centro recreó que durante la visita Elizabeth Silverio estaba identificada con un uniforme de médico que le identificaba como neurocirujana y que le generó mayor confianza porque le dijo que era pastora, por lo que, inclusive, le pidió oración

“Para mí esta situación ha sido una burla y significó gastos por más de 300 mil pesos” indicó, al momento de señalar que pudo completar la suma de dinero gracias a donaciones que les realizaron sus familiares.

“No se le dieron las terapias que necesitaba. La niña fue descuidada por ese tiempo, sin recibir la estimulación temprana que por su condición necesitaba”, añade con voz quebrada.

El informe realizado por el centro fue incorporado como prueba ante las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

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