Ministerio Público: jueza niega pedimentos de defensa de Adán Cáceres y tendrán que enfrentarse a la acusación que por temor han venido rehuyendo
“Todo parece indicar que la obra terminó, y, fue de tan mal gusto, que ni a la jueza le gustó; la jueza falló en contra de todos y cada uno de los pedimentos que desde hace varios días venía articulando la defensa de Adán Cáceres (principal acusado de la Operación Coral)”, dijo este viernes la procuradora de corte Mirna Ortiz.
Santo Domingo:- “Todo parece indicar que la obra terminó, y, fue de tan mal gusto, que ni a la jueza le gustó; la jueza falló en contra de todos y cada uno de los pedimentos que desde hace varios días venía articulando la defensa de Adán Cáceres (principal acusado de la Operación Coral)”, dijo este viernes la procuradora de corte Mirna Ortiz.
Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), valoró las decisiones del tribunal y dijo que contribuye al avance del proceso.
“Se quedaron sin argumentos, y, conminados a tener que iniciar con la presentación de sus medios de defensa, iniciando por una de las empresas que ellos representan, que es el Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve”, detalló la representante del Ministerio Público al destacar las decisiones respecto a las solicitudes de la defensa de Cáceres que fueron rechazadas por la jueza Yanibet Rivas Méndez, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
En ese sentido, expresó: “esto, pues, evidentemente, que ayuda al avance del proceso, ya para la próxima audiencia tienen que proseguir con la presentación de sus medios de defensa, y, evidentemente, enfrentarse a la tan temida acusación a la que vinieron rehuyéndole desde semanas atrás”, dijo a periodistas que la entrevistaron a la salida de la sala de audiencias.
Sobre si hay elementos para enviarlo a juicio, expresó: “indiscutiblemente, que la decisión que va a emanar este tribunal es un auto de apertura a juicio para todos y cada uno de los acusados, admitiendo no sólo las pruebas, sino también, los hechos y la calificación jurídica”.
Durante audiencia, que por razones de espacio se celebra en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el Ministerio Público estuvo representado, además de Ortiz, por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, así como por los procuradores fiscales Miguel Collado y Jonathan Elías Pérez.
Luego de rechazar la solicitud de la defensa del acusado Adán Cáceres, que pidió reiniciar la audiencia preliminar, la jueza Yanibet Rivas Méndez ordenó a sus abogados defensores presentar sus argumentos.
El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional continuó este viernes con la audiencia preliminar contra los acusados de las operaciones Coral y Coral5G.
En la audiencia preliminar, la magistrada Rivas Méndez deberá decidir si envía o no a juicio a los procesados. La audiencia fue aplazada para el próximo viernes 5 de mayo.
En el proceso, el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.
Entre los acusados de la Operación Coral, además de Cáceres Silvestre, también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
